El expresidente Jorge Quiroga, líder de la alianza opositora Libre, exigió medidas rápidas y contundentes contra los legisladores bolivianos incluidos en una lista de personas a las que Estados Unidos restringió el ingreso a su territorio. A través de una carta dirigida a la Presidencia de la Cámara de Diputados, sostuvo que la información difundida por el Departamento de Estado estadounidense hace necesario evaluar la continuidad de los parlamentarios señalados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La lista difundida por el Gobierno de Estados Unidos incluye 15 personas, entre ellas los diputados Rafael López, de Libre, y Rolando Pacheco, de Alianza Popular, además de un exfiscal general, exfiscales departamentales, un fiscal coordinador, jueces y exautoridades policiales. Las restricciones de visa también alcanzan a familiares directos, según el comunicado citado por El Diario.
Quiroga pidió que se actúe con la misma celeridad que, según afirmó, se aplicó en anteriores casos relacionados con autoridades del sistema judicial. También sostuvo que la corrupción y el narcotráfico afectan a las instituciones del país y reclamó que la Asamblea adopte medidas frente a los funcionarios mencionados.
La carta lleva también la firma del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco. En el documento, ambos plantean que las medidas deben aplicarse a cualquier funcionario o asambleísta, independientemente de su afiliación política.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, señaló que las restricciones buscan promover la rendición de cuentas por presuntos actos de corrupción y respaldar los esfuerzos para combatir la influencia ilícita en los tribunales, la Policía y los órganos legislativos de Bolivia y Colombia.
Tras conocerse la medida, el diputado Rafael López manifestó en sus redes sociales que no especulará sobre los motivos de la decisión hasta contar con información oficial completa. El otro legislador boliviano mencionado es Rolando Pacheco, de Alianza Popular.
La controversia abre un nuevo debate político sobre las consecuencias de las restricciones impuestas por Estados Unidos y las posibles acciones que podría adoptar la Asamblea Legislativa. La inclusión en una lista de restricciones de visa no equivale, por sí sola, a una condena penal; cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
