El ministro de Trabajo, Edgar Morales, informó que el Estado y distintos sectores laborales destinan al menos 47 millones de bolivianos al año al pago de salarios de dirigentes sindicales declarados “en comisión”, aunque advirtió que el monto real podría superar los 70 millones debido a registros incompletos y datos salariales parciales.
La figura de “comisión”, establecida mediante el Decreto 4710 de 2022, permite que representantes sindicales continúen percibiendo el 100% de sus haberes y beneficios sociales mientras desempeñan funciones dirigenciales.
Durante una entrevista, Morales explicó que la cifra oficial registrada alcanza los Bs 47.162.694, distribuidos entre distintas organizaciones sindicales del país. “47 millones de bolivianos se gasta en todas las personas que están en comisión cada año”, afirmó Edgar Morales, ministro de Trabajo.
La autoridad señaló además que existen sectores que no habrían reportado información completa sobre salarios y registros de dirigentes. “Solamente estamos hablando de un sector porque algunos no están registrados y algunos incluso han declarado cero su salario. Si contabilizamos todo, estamos hablando de 70 millones de bolivianos”, sostuvo.
Entre las organizaciones con mayores montos asignados figuran la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), con cerca de 11,9 millones de bolivianos; la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, con Bs 10,1 millones; la COD de La Paz, con 5,8 millones; y la Central Obrera Boliviana (COB), con 5,1 millones.
Morales también observó la falta de mecanismos de fiscalización sobre los recursos administrados por las organizaciones sindicales, financiados parcialmente mediante descuentos aplicados a los salarios de los trabajadores. “Existe un descuento del 1% para los sindicatos. No hay fiscalización, no hay control, ellos manejan a libre albedrío”, manifestó el ministro de Trabajo.
En ese contexto, el ministro planteó la necesidad de revisar el sistema de financiamiento sindical y establecer mayores controles sobre el uso de esos recursos, al considerar que el gasto podría incluso superar el presupuesto destinado a otras instituciones estatales.
