Las instituciones del Órgano Judicial concedieron un plazo de 72 horas al Gobierno nacional para establecer e implementar un sistema de seguridad destinado a proteger a sus altas autoridades, en medio de preocupaciones por posibles riesgos.
La solicitud fue formalizada mediante una carta dirigida al presidente Paz, en la que la Sala Plena plantea la necesidad de garantizar condiciones de resguardo similares a las que cuentan los ministros de Estado.
En el documento se establece que magistradas, magistrados, consejeras y consejeros deben contar con mecanismos de protección adecuados frente a eventuales amenazas. “Se requiere implementar un sistema de seguridad que garantice la integridad de las autoridades judiciales en condiciones equivalentes a las de otras altas autoridades del Estado”, señala la Sala Plena del Órgano Judicial en su comunicación oficial.
Entre las medidas solicitadas se incluyen la asignación de escoltas permanentes, vehículos de seguridad, protocolos específicos de protección y mecanismos de respuesta ante situaciones de riesgo. Además, se plantea que estas disposiciones alcancen también a los familiares directos de las autoridades judiciales.
El Órgano Judicial también propuso que la implementación de estas acciones se realice en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y otras instancias especializadas en seguridad, con el fin de garantizar su aplicación en todo el territorio nacional.
“Es necesario articular esfuerzos institucionales para asegurar la protección efectiva de quienes ejercen funciones en el sistema judicial”, se indica en la solicitud enviada al Ejecutivo.
Con el inicio del plazo de 72 horas, el Gobierno deberá evaluar y definir las medidas correspondientes para atender el requerimiento del Órgano Judicial, en un contexto donde se busca reforzar las condiciones de seguridad para las autoridades del sistema de justicia.
