jueves, mayo 14, 2026
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CNS convoca paro nacional de 24 horas por deficiencias en gestión, insumos y personal

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La Caja Nacional de Salud (CNS) anunció un paro nacional de 24 horas para este miércoles 29 de abril, medida que afectará la atención en centros hospitalarios del país, en protesta por fallas en la gestión institucional, escasez de insumos y falta de personal médico.

El representante de los profesionales de salud, Dorado, confirmó la medida y explicó que responde a problemas estructurales en el funcionamiento de la institución. “Existen dificultades persistentes en la designación de autoridades, la gestión de centros y la cobertura de insumos, medicamentos y personal”, señaló en entrevista, al referirse a una problemática que, según indicó, se extiende a nivel nacional.

En la misma línea, el secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la CNS (FESIMRAS), Arturo Del Barco, precisó que la paralización comenzará desde las cero horas del miércoles. “La medida responde a la falta de medicamentos, insumos médicos y de laboratorio”, afirmó, añadiendo que también busca expresar el rechazo a la burocracia en la atención y a la gestión administrativa de la entidad.

De acuerdo con los dirigentes, la protesta tendrá alcance nacional y afectará principalmente la atención en consulta externa, mientras que los servicios de emergencia continuarán operando con normalidad.

El sector médico también cuestionó los mecanismos de designación de autoridades dentro de la CNS, señalando que estas prácticas inciden en la actual crisis institucional. En ese sentido, Dorado sostuvo que es necesario implementar cambios estructurales. “Se requieren ajustes de fondo y revisiones normativas para transformar la Caja”, manifestó.

A estas demandas se suman advertencias de otros actores del sistema de salud. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, alertó sobre una situación crítica debido a la escasez de medicamentos e insumos básicos, lo que obliga a los pacientes a asumir costos adicionales. “Hay lugares donde no tenían ni siquiera hojas para imprimir y tampoco tenían tóner; el médico tenía que llevar su propio material”, explicó.

Larrea también advirtió que la falta de suministros está afectando la realización de procedimientos médicos. “Que sepa la población que no es por culpa del médico que se suspenden las cirugías, sino porque no hay los insumos necesarios”, puntualizó.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, el sector salud no descarta ampliar las medidas de presión en los próximos días. Desde FESIMRAS señalaron que, de no atenderse sus demandas, podrían avanzar hacia un paro nacional más amplio con la participación de distintos niveles del sistema sanitario.

La medida de este miércoles se enmarca en un contexto de creciente tensión en el sector salud, marcado por denuncias de desabastecimiento, deficiencias administrativas y demandas de reformas estructurales en la CNS.

Salarios, combustible y Ley 1720 impulsan movilizaciones de al menos cinco sectores antes del 1 de mayo

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A pocos días del 1 de mayo, distintos sectores sociales activaron una serie de marchas, bloqueos, ampliados y protestas en La Paz y otras regiones del país, en medio de reclamos relacionados con el abastecimiento de combustible, demandas salariales y el rechazo a la Ley 1720.

La semana inició con bloqueos en la ciudad de El Alto protagonizados por trabajadores afiliados a la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), quienes denunciaron un presunto monopolio en la distribución de combustibles vinculado a un contrato con la empresa Trafigura, además de la escasez del carburante. La medida fue levantada tras un acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que se comprometió a priorizar a los cisternas nacionales y modificar la logística de importación desde puertos del Pacífico.

En paralelo, transportistas y productores instalaron puntos de bloqueo en la ruta hacia Caranavi y otras zonas del norte paceño, exigiendo el suministro regular de combustible. También reportaron fallas en sus vehículos atribuidas a la calidad de la gasolina, así como el deterioro de las carreteras en la región.

En el ámbito sindical, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó para este martes a un ampliado nacional obligatorio en instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con el objetivo de analizar la coyuntura económica y social del país.

Por su parte, el sector educativo anunció nuevas medidas de presión tras el fracaso del diálogo entre la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y el Ministerio de Educación. El dirigente del magisterio urbano, Alex Morales, advirtió que las protestas continuarán. “Nuestras peticiones no fueron resueltas ni escuchadas, por lo que tendremos que tomar otras medidas”, afirmó, y anticipó que “el miércoles arderá La Paz”.

En esa línea, maestros urbanos convocaron a una marcha nacional que partirá este martes desde Calamarca hacia la sede de gobierno, demandando incremento salarial y mayor presupuesto para educación. Además, anunciaron nuevas movilizaciones para el miércoles en el centro paceño.

Para el jueves, transportistas de los Yungas prevén una marcha pacífica desde la planta de Urujara hasta el centro de la ciudad, con demandas centradas en el abastecimiento y la calidad del combustible.

Asimismo, continúa la movilización de indígenas de tierras bajas que partieron hace dos semanas desde Pando en rechazo a la Ley 1720. La marcha llegó a Caranavi el pasado fin de semana y tiene previsto arribar a La Paz en los próximos días, con el objetivo de exigir la abrogación total de la norma.

De cara al 1 de mayo, la COB anunció la realización de un cabildo en la ciudad de El Alto, donde se definirán nuevas acciones frente a las políticas gubernamentales, incluyendo la demanda de un incremento salarial del 20%.

Otros sectores también se mantienen en alerta. El sistema de salud declaró estado de emergencia ante el desabastecimiento de medicamentos e insumos, advirtiendo posibles medidas de presión. En tanto, las cooperativas auríferas alertaron que la crisis de combustible afecta sus operaciones. El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, solicitó atención inmediata de las autoridades. “Exigimos una reunión inmediata con el ministro de Minería”, manifestó.

Finalmente, el sector del transporte anunció la realización de un ampliado en Santa Cruz, donde evaluará la posibilidad de un paro nacional coordinado, señalando que las reuniones previas con el Gobierno no han generado respuestas favorables a sus demandas.

Magisterio rural y urbano participan en ampliado de la COB y ratifican denuncias y movilizaciones

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Representantes del magisterio rural y urbano participaron este martes en el ampliado nacional convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), donde reiteraron denuncias contra el Ministerio de Educación y confirmaron la continuidad de movilizaciones a nivel nacional ante la falta de respuesta a sus demandas.

Durante una conferencia en La Paz, el ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia (CONMERB), William Mendoza, sostuvo que persisten problemas estructurales que afectan al sector. “Existen irregularidades administrativas y vulneración de derechos del magisterio rural”, afirmó, al detallar que entre las principales dificultades se encuentran salarios adeudados, falta de ítems y deficiencias en la implementación de la malla curricular.

En el marco del ampliado, el magisterio rural ratificó su presencia y su postura en defensa de los derechos laborales y de la educación pública, en un contexto de creciente tensión con las autoridades educativas.

Por su parte, el magisterio urbano advirtió que las medidas de presión podrían intensificarse si no se atienden sus demandas. El secretario ejecutivo del Magisterio Urbano de La Paz, Gerardo Bustamante, señaló que el sector se mantendrá movilizado. “Por la falta de respuesta por parte del Gobierno se radicalizarán las movilizaciones a nivel nacional en pedido de un incremento salarial”, manifestó.

Además, representantes urbanos instalaron una vigilia mientras se desarrollaba una reunión con la ministra de Educación, en la que plantearon como principales exigencias un incremento salarial acorde al costo de la canasta familiar, mayor presupuesto para el sector y el rechazo a cualquier medida que, según indicaron, implique privatización o afectación a la educación pública.

Los dirigentes también advirtieron que, en caso de no alcanzarse acuerdos en el diálogo, se activarán las medidas de presión definidas en sus instancias orgánicas, en un escenario que mantiene en tensión la relación entre el sector educativo y el Gobierno.

Alcaldes y gobernadores asumirán con presupuestos limitados y bajo presión por un nuevo pacto fiscal

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Las autoridades subnacionales electas, recientemente acreditadas por el Órgano Electoral, asumirán sus funciones el próximo 4 de mayo en medio de un escenario económico complejo, caracterizado por restricciones presupuestarias y la necesidad de redefinir la relación fiscal con el nivel central.

Tras la entrega de más de 5.000 credenciales, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, advirtió que los nuevos gobiernos departamentales y municipales enfrentarán una estructura financiera tensionada. “La salida pasa por la construcción de pactos”, afirmó, al señalar la necesidad de acuerdos que permitan sostener la estabilidad económica sin trasladar los costos a la población.

Según explicó la autoridad, los presupuestos con los que asumirán alcaldes y gobernadores presentan proyecciones de ingresos que podrían no concretarse. “Esta situación obliga a encarar un proceso de ajuste coordinado”, indicó Espinoza, subrayando que este esfuerzo deberá involucrar al Gobierno central, gobernaciones, alcaldías y universidades públicas.

El ajuste forma parte del Presupuesto General del Estado reformulado, que aún debe ser tratado en la Asamblea Legislativa, donde la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira no cuenta con una mayoría asegurada. En paralelo, el mandatario sostuvo reuniones iniciales con gobernadores electos, quienes plantean una redistribución de los ingresos tributarios bajo un esquema 50/50.

En este contexto, el Ejecutivo propone avanzar en tres acuerdos clave. El primero, orientado a los gobiernos subnacionales, busca transparentar ingresos y coordinar acciones para reducir el déficit. El segundo apunta a la ciudadanía, con el objetivo de priorizar el gasto en salud y educación, además de reorganizar el uso de recursos públicos. Finalmente, el tercer pacto tiene un enfoque tributario, destinado a disminuir la presión fiscal y facilitar la devolución de créditos fiscales a los contribuyentes.

Como parte de estas medidas, el Gobierno informó que ya ejecutó un recorte superior a Bs 4.100 millones en el gasto corriente del nivel central, al tiempo que incrementó la asignación de recursos en sectores considerados prioritarios. Entre las acciones anunciadas se incluye la creación de más de 3.000 ítems en educación y 2.300 en salud, así como la devolución total del crédito fiscal.

“El objetivo es avanzar hacia una coordinación que permita reducir el déficit, mejorar la asignación de recursos y garantizar la sostenibilidad del gasto público sin recurrir a recortes abruptos”, sostuvo Espinoza.

No obstante, el panorama sigue siendo limitado para las nuevas autoridades subnacionales, que deberán atender demandas inmediatas en áreas como infraestructura, servicios básicos y generación de empleo, en un contexto de restricciones fiscales y dificultades en el acceso a divisas.

En ese marco, la propuesta oficial apunta a reconfigurar el modelo fiscal sin incrementar impuestos, trasladando inicialmente el ajuste al nivel central y promoviendo acuerdos graduales entre los distintos niveles del Estado.

Autoridades electas reciben credenciales y el TSE pide ejercer funciones con responsabilidad

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Los tribunales electorales departamentales iniciaron este martes la entrega de credenciales a las autoridades elegidas en las elecciones subnacionales del 22 de marzo, dando cierre a un ciclo electoral que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) calificó como uno de los más intensos y complejos de los últimos años.

Durante el acto, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, destacó la magnitud del proceso electoral, marcado por la reiterada participación ciudadana en las urnas. “En tan sólo dos años los electores concurrieron a las urnas hasta en cinco ocasiones en algunos casos”, señaló, al referirse a la frecuencia de las convocatorias electorales en el país.

Ávila también afirmó que los comicios se desarrollaron en un clima de tranquilidad y bajo apego a la normativa vigente. “Fueron procesos electorales exitosos y en paz”, sostuvo, al tiempo de remarcar que se garantizó el respeto a los derechos políticos. Sin embargo, mencionó que el proceso no estuvo exento de dificultades, entre ellas la presentación de acciones legales. “En este proceso de elecciones subnacionales, 50 veces hicieron que nos sentemos frente a un juez y en las 50 oportunidades demostramos que el proceso electoral que organizamos fue reñido con la Constitución, con la ley, con transparencia y con pulcritud”, afirmó.

En su mensaje, el titular del TSE felicitó a más de cinco mil autoridades electas a nivel departamental, regional y municipal, quienes asumirán sus funciones el próximo 4 de mayo. “Les corresponde ahora, con legítima satisfacción, asumir el cargo que el pueblo les ha confiado, ejerciéndolo con responsabilidad y vocación de servicio”, expresó.

Asimismo, subrayó la legitimidad del mandato otorgado por la ciudadanía. “Reciben, por tanto, un mandato dotado de fortaleza jurídica y de legitimidad. Son auténticos representantes de sus municipios y de sus departamentos”, indicó, al referirse a las credenciales como expresión de la voluntad popular en una jornada electoral reconocida por los actores políticos y misiones de observación.

En el acto también participó Luis Revilla, gobernador electo de La Paz, quien recibió su credencial junto a otras autoridades.

Finalmente, Ávila señaló que la nueva etapa de gestión representa una oportunidad para promover el desarrollo integral, fortalecer la inclusión y consolidar la convivencia democrática en el país, manifestando su confianza en el compromiso y la ética de las nuevas autoridades.

YPFB reporta Bs 14,6 millones en compensaciones por gasolina desestabilizada

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el monto destinado a compensaciones por daños ocasionados por la gasolina desestabilizada asciende a Bs 14,6 millones, según el último reporte del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC).

De acuerdo con los datos oficiales, un total de 7.161 vehículos en todo el país ya accedieron a este mecanismo de resarcimiento, habilitado para atender los reclamos de usuarios afectados por fallas en el combustible.

“El SREC reportó que ya se desembolsaron Bs 14,6 millones por compensaciones a los daños provocados por la gasolina desestabilizada”, señala el informe difundido por la estatal petrolera.

YPFB precisó que el proceso de recepción de reclamos continuará habilitado hasta el 15 de mayo de 2026. Los usuarios pueden presentar sus solicitudes a través de la línea de WhatsApp 72150600 o mediante ventanillas de atención instaladas en sus dependencias a nivel nacional.

Asimismo, la empresa indicó que se reforzó la línea de atención 508-50088 con personal adicional para responder consultas y brindar orientación a los afectados.

Con estas acciones, la estatal busca atender los daños reportados por los usuarios y dar continuidad al proceso de compensación en el marco de la contingencia generada por la calidad del combustible.

YPFB afirma que problema de calidad de gasolina fue superado y activa controles en toda la cadena

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El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, aseguró que el problema relacionado con la calidad de la gasolina en el país fue resuelto y anunció la implementación de controles técnicos en toda la cadena de abastecimiento para garantizar el cumplimiento de estándares.

En declaraciones a Radio Fides, la autoridad informó que la estatal conformó un comité permanente encargado de supervisar la calidad del combustible desde su importación hasta su distribución final. “Desde el puerto hemos mandado gente de esta comisión a la recepción de los barcos (…) para verificar incluso la calidad que ellos están recibiendo”, explicó.

Según detalló, el sistema de control abarca todas las etapas del proceso, incluyendo la verificación en puertos internacionales, el transporte, almacenamiento y la distribución hasta las estaciones de servicio en el país.

Daroca indicó que en los próximos días se presentará un informe técnico sobre las causas de los problemas registrados y las acciones adoptadas para corregirlos, con el objetivo de transparentar la información ante la población.

En ese contexto, afirmó que las medidas aplicadas permiten dar por concluido el inconveniente. “Ya no tienen que tener ningún temor en poder cargar gasolina en sus vehículos”, sostuvo.

Las declaraciones se producen tras cuestionamientos recientes sobre la calidad del combustible y en medio de un escenario de protestas en distintas regiones por el abastecimiento de carburantes.

Con la implementación de estos controles, YPFB busca restablecer la confianza de los usuarios y asegurar que el combustible distribuido cumpla con los requisitos técnicos establecidos.

Cepal prevé crecimiento mínimo para Bolivia y advierte desaceleración regional

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó que Bolivia registrará un crecimiento económico de apenas 0,5% en 2025 y 2026, ubicándose entre los países con menor expansión en la región en un contexto de desaceleración general en América Latina.

Según el informe del organismo, el desempeño boliviano estará por debajo del promedio regional, ya que se prevé que América Latina y el Caribe crezcan 2,4% en 2025 y 2,2% en 2026. Esta diferencia refleja una brecha significativa frente al ritmo económico del país.

En comparación con otras economías sudamericanas, Bolivia muestra un menor dinamismo. Países como Argentina, Paraguay y Perú presentan proyecciones de crecimiento superiores, mientras que Brasil y Chile, pese a una desaceleración, también superan las estimaciones para la economía boliviana.

El reporte señala que la región en su conjunto experimentará una leve desaceleración entre 2025 y 2026. En América del Sur, el crecimiento pasará de 2,9% a 2,4%, mientras que en América Latina se reducirá de 2,4% a 2,2%.

En ese escenario, Bolivia aparece con una proyección estancada en el corto plazo. “El país crecerá apenas 0,5% en 2025 y 2026”, indica el informe, que sitúa a la economía nacional entre las de menor desempeño en la región.

El análisis coincide con advertencias de especialistas que vinculan la desaceleración con factores como la caída de ingresos por exportaciones, la reducción de reservas internacionales y dificultades en la disponibilidad de divisas.

Asimismo, la Cepal identifica contrastes dentro de la región: mientras Centroamérica y México registrarían una leve mejora, el Caribe mantendría tasas más elevadas, impulsadas por economías con mayor crecimiento.

Por otro lado, otros organismos internacionales presentan proyecciones más pesimistas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una posible contracción de -3,3% para Bolivia, mientras que el Banco Mundial proyecta una caída cercana al -3,2%, lo que ubicaría al país entre los de peor desempeño económico.

En ese contexto, también se advierte sobre un posible incremento de la inflación, que podría superar el 20% en 2026, generando mayores presiones sobre los hogares y el sector productivo.

Alianza Libre retira interpelaciones por demoras y mantiene convocatoria a ministro de Gobierno

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La senadora Tomasa Yarhui informó que la alianza Libre decidió retirar varias interpelaciones dirigidas a ministros de Estado debido a retrasos en su programación dentro de la Asamblea Legislativa, aunque confirmó que se mantiene vigente la convocatoria al ministro de Gobierno.

Según explicó la legisladora, las interpelaciones retiradas estaban vinculadas al caso del avión siniestrado e involucraban a las autoridades de Economía, Obras Públicas y Defensa. La decisión fue asumida tras cuestionar la demora en la agenda legislativa. “Por no haber programado las interpelaciones a tiempo (…) hemos retirado varias interpelaciones”, señaló.

No obstante, Yarhui aclaró que continúa en curso la interpelación al ministro de Gobierno, relacionada con otros temas en investigación. “Tenemos una interpelación pendiente (…) sobre el tema de las 32 maletas, la tercera caja que apareció y todo el tema del narcotráfico”, indicó.

Asimismo, precisó que la interpelación al nuevo ministro de Hidrocarburos no fue impulsada por su alianza, sino por otra bancada. “No es de Libre la interpelación al ministro de Hidrocarburos, eso quiero que quede claro”, afirmó.

La senadora también cuestionó la oportunidad de dicha convocatoria, considerando que se trata de una autoridad recientemente posesionada. “Ahora tienen un ministro recién posesionado, hay que darle un poquito de oxígeno (…) no sé qué van a hacer”, manifestó.

Finalmente, señaló que solicitó a la Vicepresidencia agilizar la programación de las interpelaciones para garantizar el cumplimiento de los mecanismos de fiscalización legislativa.

Exdirigente David Mamani convoca a movilización y rechaza ley 1720 en apoyo a marcha de Pando

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El exdirigente de la Federación Departamental Tupac Katari de La Paz, David Mamani, expresó su respaldo a la marcha proveniente de Pando y convocó a sectores sociales a sumarse a las movilizaciones, en rechazo a la Ley 1720 y a lo que considera políticas contrarias a los intereses del sector campesino e indígena.

En conferencia de prensa, Mamani cuestionó la gestión del Gobierno y denunció la existencia de medidas que, según afirmó, afectan a organizaciones sociales y productivas. “Nuestro país está siendo secuestrado por estos mafiosos políticos, no están trabajando en beneficio de la población boliviana”, sostuvo.

El exdirigente también criticó la normativa en cuestión, señalando que afectaría la tenencia de tierras. “Esta ley no sirve para nosotros, no nos favorece en ningún sentido, al contrario, nos van a despojar de nuestras tierras comunitarias”, manifestó.

Asimismo, exigió la abrogación de la Ley 1720 y advirtió con medidas de presión en caso de que no se atienda su demanda. “Estamos exigiendo su anulación (…) si no se elimina este decreto, vamos a estar obligados a exigir su renuncia”, afirmó.

En ese contexto, Mamani convocó a organizaciones sindicales y sociales a nivel nacional, departamental y provincial a coordinar acciones. “Esta semana estamos convocando a nuestras autoridades para empezar a luchar y sumarnos a esta marcha de protesta social”, indicó.

Durante su intervención, también expresó cuestionamientos a otras políticas del Ejecutivo relacionadas con sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, educación y tierras, que —según dijo— tendrían un enfoque de privatización.

Las declaraciones se dan en medio de un contexto de movilizaciones y conflictos sociales en distintas regiones del país, donde diversos sectores han anunciado medidas de presión en demanda de atención a sus reivindicaciones.