El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó que la orden de aprehensión emitida contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, continúa vigente y que el proceso penal en su contra sigue su curso dentro de la justicia boliviana.

La declaración surge en medio de los intentos de distintos sectores por abrir espacios de diálogo para poner fin a los bloqueos y movilizaciones que afectan a varias regiones del país. Uno de los principales pedidos de los sectores movilizados ha sido precisamente la revisión de las acciones judiciales contra sus dirigentes.

Mariaca señaló que no existe ninguna determinación judicial que haya dejado sin efecto el mandamiento de aprehensión y remarcó que las investigaciones continúan desarrollándose conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Asimismo, indicó que el Ministerio Público mantiene el respeto por las decisiones que puedan asumir las autoridades jurisdiccionales en el marco del proceso.

La ratificación de esta medida representa un nuevo elemento de tensión dentro de los esfuerzos para lograr una salida negociada al conflicto. Desde diferentes organizaciones afines a la COB se ha planteado que la situación jurídica de Argollo constituye un obstáculo para avanzar en conversaciones con el Gobierno.

Dirigentes sindicales y representantes de sectores movilizados han manifestado que cualquier acercamiento debe incluir garantías para sus principales líderes, además de la revisión de los casos de personas detenidas durante las protestas registradas en las últimas semanas.

Por su parte, el Gobierno ha sostenido que los procesos judiciales deben seguir su curso de manera independiente y que el diálogo debe desarrollarse dentro del marco legal vigente, sin condicionamientos relacionados con investigaciones o causas penales en trámite.

Los procesos abiertos contra Argollo están vinculados a hechos de violencia ocurridos durante las movilizaciones y protestas registradas en diferentes puntos del país. Entre los hechos investigados se encuentran disturbios, daños a bienes públicos y privados, así como otros incidentes ocurridos durante las jornadas de conflicto.

La situación también involucra a otras personas aprehendidas en el contexto de las protestas. Organizaciones sociales exigen la liberación de los detenidos y la revisión de las actuaciones judiciales, argumentando que estas medidas son necesarias para generar condiciones de confianza que permitan avanzar hacia una solución política.

Mientras tanto, continúan las gestiones de mediación impulsadas por distintos actores institucionales con el objetivo de restablecer el diálogo y encontrar mecanismos que permitan superar la crisis, marcada por bloqueos de carreteras, problemas de abastecimiento y crecientes tensiones sociales en varias regiones del país.

Los gobernadores de los nueve departamentos del país plantean al Gobierno central la transferencia de algunos impuestos con el objetivo de que sean administrados directamente por las regiones, en el marco de una propuesta de reorganización fiscal y redistribución de competencias.

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, informó que las autoridades departamentales sostendrán una reunión el 18 de junio en la capital tarijeña para ratificar esta propuesta, que también incluye la revisión de gastos del nivel central y la devolución de ciertas competencias a las gobernaciones.

Según explicó, la iniciativa no implica la creación de nuevos tributos, sino la redistribución de impuestos ya existentes que actualmente son recaudados y gestionados por el Gobierno central, para que pasen a ser administrados por los gobiernos departamentales.

Las autoridades regionales argumentan que una mayor autonomía en la administración de los recursos permitiría financiar programas sociales y proyectos de inversión que actualmente se encuentran paralizados en varias regiones del país.

En ese sentido, señalan que existen competencias que hoy son asumidas por las gobernaciones sin contar con el respaldo financiero correspondiente, lo que genera presiones presupuestarias y limita la ejecución de políticas públicas a nivel departamental.

Como ejemplo, se mencionó el financiamiento de ciertos gastos operativos que corresponden al nivel central, pero que en la práctica son cubiertos por las gobernaciones, lo que consideran una distorsión del modelo de distribución de competencias vigente.

La propuesta también forma parte de un debate más amplio sobre la coparticipación tributaria y la necesidad de reformular la distribución de recursos en función de criterios demográficos, económicos y territoriales, con miras a futuras gestiones presupuestarias.

Asimismo, se plantea avanzar hacia una mayor descentralización en el manejo del financiamiento externo, de manera que la inversión internacional pueda canalizarse directamente a los gobiernos subnacionales sin intermediación obligatoria del nivel central.

Las gobernaciones prevén consolidar una posición conjunta en los próximos encuentros, con el objetivo de presentar una propuesta unificada al Gobierno nacional en el marco del debate sobre la reorganización del modelo de administración pública y fiscal del país.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que la eventual aplicación de un Estado de Excepción será evaluada únicamente en función de la necesidad y la oportunidad, en el marco de las herramientas constitucionales disponibles para el Órgano Ejecutivo.

La autoridad explicó que este mecanismo no es una medida inmediata ni automática, sino un instrumento previsto en la Constitución Política del Estado que puede ser considerado en situaciones específicas, siempre bajo un análisis responsable de las condiciones del país.

Lupo hizo estas declaraciones en el contexto de la abrogación de la norma que regulaba los alcances del Estado de Excepción, recientemente aprobada en la Asamblea Legislativa y promulgada por el Ejecutivo. Con esta decisión, el marco legal que detallaba su aplicación dejó de estar vigente, lo que abre un nuevo escenario jurídico respecto a este tipo de medidas.

El ministro enfatizó que, pese a los cambios normativos, el Gobierno mantiene su compromiso de garantizar la normalidad de las actividades cotidianas de la población, así como la protección de los derechos fundamentales en medio del actual escenario de conflictividad social.

Asimismo, indicó que cualquier decisión futura relacionada con medidas excepcionales será tomada en función de la evolución de la situación y del análisis institucional correspondiente, priorizando la estabilidad del país y el respeto al marco constitucional.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión social y protestas que mantienen bloqueos y medidas de presión en distintas regiones del país, lo que ha intensificado el debate sobre las herramientas legales disponibles para el manejo del orden público.

El Ministerio Público emitió acusación formal contra el exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dentro del caso conocido como “coimas”, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Con esta determinación, el proceso judicial entra en etapa de juicio oral.

De acuerdo con la defensa legal, ahora corresponde la presentación de pruebas de descargo por parte de la defensa y posteriormente el Órgano Judicial deberá fijar fecha para el inicio del juicio.

El abogado de la parte denunciante señaló que el fiscal ya emitió la resolución formal de acusación, lo que habilita la fase de juicio oral en la que el acusado podría enfrentar una eventual sentencia.

Huarachi fue detenido en noviembre de 2025 y enviado al penal de Chonchocoro. En abril de este año obtuvo detención domiciliaria, aunque posteriormente esa medida fue revocada.