El Ministerio Público inició procesos penales contra más de 130 personas acusadas de cometer destrozos y otros delitos durante las movilizaciones y bloqueos registrados en diferentes regiones del país, informaron autoridades gubernamentales.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, indicó que los investigados fueron identificados en acciones que, según afirmó, excedieron el derecho a la protesta y derivaron en daños a bienes públicos.

“Hasta ayer teníamos más de 130 personas que son procesadas, personas que han sido identificadas dentro de estas movilizaciones que han excedido el derecho a la protesta, que han generado deterioro, destrucción a bienes públicos”, declaró Yamil García, viceministro de Transparencia.

Desde hace 28 días, la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene un paro indefinido y bloqueos de carreteras en demanda de atención a sus reivindicaciones. A estas medidas se sumaron organizaciones campesinas y sectores afines al expresidente Evo Morales, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

En ese contexto, las protestas derivaron en hechos de violencia, saqueos y robos a comerciantes en la ciudad de La Paz. Además, durante los operativos de desbloqueo, algunos manifestantes utilizaron dinamita para amedrentar a efectivos policiales.

García explicó que los implicados son investigados por distintos tipos penales y aclaró que la cantidad de procesados es referencial, debido a que corresponde a la Justicia definir la situación jurídica de cada caso.

Por otro lado, los datos oficiales difieren del informe presentado recientemente por la Defensoría del Pueblo, institución que reportó la aprehensión y arresto de 321 personas, de las cuales 221 fueron liberadas.

Según ese reporte, de las 100 personas restantes, al menos 89 fueron imputadas penalmente; 43 fueron absueltas, 19 recibieron detención domiciliaria sin autorización laboral y 12 fueron enviadas con detención preventiva a centros penitenciarios.

Asimismo, otras 10 personas fueron sentenciadas a tres años de cárcel tras acogerse a un procedimiento abreviado. Los implicados fueron detenidos durante el desbloqueo de la carretera Cochabamba–Santa Cruz, en el sector de Parotani.

Los sentenciados accedieron al perdón judicial, lo que les permitió cumplir la condena en libertad. Además, el juez dispuso restricciones como la prohibición de portar explosivos, acercarse a puntos de bloqueo y la obligación de firmar periódicamente un registro judicial.

En paralelo, el Gobierno también investiga el posible financiamiento de las movilizaciones y la procedencia de los recursos utilizados durante las protestas.

“La Fiscalía tiene la posibilidad de secuestrar los teléfonos celulares de los implicados y, a través del trabajo técnico con la policía, se desdobla la información que contienen estos dispositivos donde se va a poder evidenciar con claridad a qué grupos pertenecen, quién les paga, cuánto les pagan”, manifestó García.

La autoridad no descartó que las investigaciones deriven en nuevos procesos por legitimación de ganancias ilícitas contra presuntos financiadores de las movilizaciones.

El dirigente del transporte pesado, Pedro Quispe, consideró que la mesa de diálogo entre el Gobierno y sectores sociales no logró avances debido a la ausencia de los dirigentes que encabezan los bloqueos en distintas regiones del país.

Quispe cuestionó la efectividad de las conversaciones impulsadas en La Paz y afirmó que los principales actores del conflicto no participaron en la reunión.

“Estas instituciones que estaban invitadas no estaban presentes, entonces no ha habido ningún avance”, sostuvo el representante del transporte pesado.

Consultado sobre el resultado del encuentro, el dirigente señaló: “Totalmente un fracaso para mí”, y criticó además la participación de representantes de derechos humanos en la reunión.

Durante sus declaraciones, Quispe observó que distintas organizaciones aparecieron recién después de varios días de conflicto y cuestionó su ausencia en los puntos de bloqueo y en las provincias afectadas.

“Es una pena ver esta situación”, expresó el dirigente, quien también afirmó que actualmente las decisiones sobre las medidas de presión son asumidas directamente por las bases movilizadas y no por los dirigentes.

“Los de base deciden, ya no los representantes”, manifestó, al señalar que existen bloqueos activos en diferentes comunidades y organizaciones sociales.

Asimismo, indicó que en las próximas horas podrían desarrollarse ampliados y reuniones de sectores como la Federación Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB), donde se definirán futuras acciones relacionadas con las protestas.

Quispe también se refirió al pedido para dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el dirigente cobista Mario Argollo, asegurando que esta demanda no fue atendida.

“Nosotros hemos pedido que se anule la aprehensión de Argollo. No lo quieren hacer”, afirmó.

En relación con la propuesta de una “pausa humanitaria” en los bloqueos, impulsada por algunos sectores y legisladores, el dirigente expresó dudas sobre su viabilidad y sostuvo que la decisión dependerá de las bases movilizadas.

“La mayoría decidirá”, indicó Quispe, aunque añadió que la iniciativa “no va a funcionar”.

Las declaraciones del dirigente del transporte pesado se producen en medio de la continuidad de los bloqueos y del proceso de diálogo promovido por distintos sectores e instituciones para buscar una salida al conflicto social que atraviesa el país.

La justicia desestimó este jueves la solicitud para dejar sin efecto la orden de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), durante una audiencia vinculada a una acción de libertad presentada en el contexto del debate sobre un eventual estado de excepción en el país.

El abogado Yaco Conde informó que durante la audiencia se solicitó ampliar el alcance de la acción de libertad para frenar presuntas persecuciones contra dirigentes sindicales y anular el mandamiento de aprehensión emitido contra Argollo.

“El vicepresidente, de manera personal, ha pedido que se amplíe también la acción de libertad, a fin de que cesen las persecuciones”, afirmó el jurista.

Según Conde, la petición fue realizada por el vicepresidente Edmand Lara; sin embargo, la autoridad judicial rechazó la solicitud.

“Ha pedido expresamente que se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión en contra del ejecutivo de la COB, el señor Argollo, solicitud que la autoridad judicial ha desestimado”, agregó el abogado.

Actualmente, Mario Argollo permanece en la clandestinidad mientras continúa vigente la orden de apremio en su contra, en medio de los bloqueos y movilizaciones que se registran desde hace más de tres semanas en el país.

En la misma audiencia, la sala constitucional resolvió negar la acción de libertad presentada por los accionantes, quienes buscaban frenar un eventual estado de excepción ante el riesgo de posibles vulneraciones a derechos fundamentales de los manifestantes.

Conde cuestionó la decisión judicial y sostuvo que los argumentos expuestos no fueron considerados por la autoridad competente.

“Estas situaciones no han sido valoradas por la autoridad judicial el día de hoy, porque dice que eso no es objetivo, que es suposición”, manifestó.

El abogado también observó que, dentro de los fundamentos de la resolución, se señaló que el presidente Rodrigo Paz tiene facultades constitucionales para declarar un estado de excepción.

Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara afirmó que la acción de libertad fue presentada por el abogado “en nombre de Argollo” sin conocimiento previo del dirigente sindical. Además, indicó que el recurso también pretendía impedir la aplicación de un eventual estado de excepción tras la abrogación de la normativa que regulaba este tema.

La decisión judicial se produce en un contexto de conflictividad social y bloqueos a nivel nacional, mientras continúan las tensiones entre el Gobierno y sectores movilizados vinculados a la COB.

La dirigencia de la Federación Túpac Katari descartó este jueves cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno y reafirmó su demanda de renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz, en medio del conflicto social y los bloqueos que persisten en distintas regiones del país.

Los representantes campesinos señalaron que las decisiones sobre las movilizaciones serán asumidas por las bases y convocaron a sus afiliados a mantenerse unidos frente a las convocatorias de diálogo impulsadas por el Ejecutivo.

“Como representantes estaremos firmes. Llamamos a la unidad de las bases y a no dejarnos engañar con una invitación a un diálogo que ya no existe”, manifestaron los dirigentes de la organización.

Asimismo, rechazaron que las protestas respondan a intereses partidarios y exigieron la liberación de personas detenidas durante las movilizaciones. Según indicaron, también realizaron denuncias ante instancias internacionales por presuntas vulneraciones de derechos durante los operativos de control y desbloqueo.

La tensión aumentó tras los enfrentamientos registrados en la carretera hacia Oruro, hechos que, según los dirigentes, dejaron heridos y víctimas fatales.

“No hay diálogo, ya no hay diálogo, más al contrario nos han masacrado con balines y gases lacrimógenos. Por eso la gente está más molesta que nunca, por eso es la renuncia o nada”, expresó uno de los representantes campesinos.

Los dirigentes también cuestionaron al presidente Rodrigo Paz y lo emplazaron a acudir a las provincias donde se registraron enfrentamientos y pérdidas humanas.

“Si él es de pantalón que vaya a ofrecer diálogo en Aroma, en Camacho, donde se han perdido vidas”, señalaron, al tiempo de rechazar acercamientos con dirigentes afines al oficialismo.

Además, denunciaron la falta de garantías para movilizarse hacia sectores como la Plaza Murillo y aseguraron que las medidas de presión continuarán intensificándose.

“Los bloqueos están avanzando y sumándose al 100%”, afirmaron los representantes, quienes anunciaron que las protestas serán radicalizadas con el objetivo de cercar la ciudad de La Paz.

La Federación Túpac Katari ratificó que no participará de convocatorias al diálogo y advirtió que mantendrá las movilizaciones mientras persista su demanda de renuncia presidencial, en un contexto de conflictividad que ya supera los 27 días de bloqueos en el país.