El sector del transporte pesado expresó este viernes su rechazo a las acciones del vicepresidente Edmand Lara, a quien acusó de brindar apoyo a los grupos que mantienen bloqueadas distintas carreteras del país en medio del prolongado conflicto social que afecta a varias regiones.

El dirigente del transporte pesado, Domingo Ramos, cuestionó que la autoridad haya visitado puntos de bloqueo y entregado alimentos a los manifestantes, una actitud que, según afirmó, contradice los esfuerzos para restablecer la circulación y normalizar el abastecimiento en el país.

“Repudiamos el accionar del señor vicepresidente Edmand Lara que está visitando a los bloqueadores, llevándoles algunos alimentos”, manifestó Ramos ante los medios de comunicación.

El representante del sector sostuvo que estas acciones generan malestar entre los transportistas, quienes aseguran ser uno de los sectores más perjudicados por los más de 40 días de conflictos y restricciones en las carreteras. Según indicó, cientos de conductores continúan afectados por la imposibilidad de trabajar con normalidad y por las pérdidas económicas acumuladas durante las últimas semanas.

Ramos también recordó declaraciones realizadas por Lara durante la campaña electoral, cuando prometió la implementación de un bono de Bs 2.000 y la reducción del 50% de los salarios de los funcionarios públicos.

“Usted dijo con su propia voz que si no cumplía se iba a colgar de la plaza Murillo. Entonces le vamos a regalar una soga para que usted sea el primero en colgarse porque está haciendo daño al Gobierno”, afirmó el dirigente.

El representante del transporte pesado señaló que las decisiones y posturas asumidas por el vicepresidente terminan perjudicando no solo al Ejecutivo, sino también a la población que respaldó su candidatura en las elecciones nacionales.

Asimismo, expresó preocupación por el impacto que los bloqueos continúan generando en diferentes sectores productivos y comerciales del país. En ese contexto, cuestionó que una autoridad de alto rango adopte posiciones que, a su juicio, favorecen a quienes mantienen las medidas de presión.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión por la continuidad de los bloqueos y de las demandas de distintos sectores que exigen al Gobierno acciones para restablecer la transitabilidad y garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros productos esenciales.

La prolongación de los bloqueos en el departamento de Chuquisaca continúa generando consecuencias en distintos sectores de la capital. La falta de diésel provocó una reducción significativa del servicio de transporte público en Sucre, donde apenas el 20% de los micros presta atención regular, mientras que el resto de la flota permanece paralizada por la imposibilidad de abastecerse de combustible.

La situación se refleja diariamente en las calles de la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana, estudiantes, trabajadores y padres de familia deben enfrentar largas esperas para conseguir transporte. La escasez de unidades en circulación provoca que los vehículos operen con sobrecarga de pasajeros, obligando en muchos casos a los usuarios a recurrir a taxis para llegar a sus destinos.

Los bloqueos instalados por sectores afines al evismo, entre ellos la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), mantienen restringido el ingreso de combustibles a la ciudad, situación que ha comenzado a impactar de manera directa en los servicios básicos y en la actividad productiva regional.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Micros San Cristóbal, Sabino Calvimontes, informó que la situación del sector es crítica debido a la escasez de diésel. Según explicó, de aproximadamente mil vehículos que conforman la flota de transporte urbano, únicamente unas 200 unidades continúan operando, principalmente aquellas que funcionan con Gas Natural Vehicular (GNV).

“La flota que todavía está trabajando podrá operar solamente un par de días más si no llega combustible a la ciudad”, advirtió Calvimontes, al señalar que el abastecimiento sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda del sector.

Durante la noche del jueves se registró el arribo de combustible a algunos surtidores de la capital, lo que generó extensas filas de vehículos en estaciones de servicio como Ostria Gutiérrez y El Tejar. En algunos sectores, las filas superaron las veinte cuadras, reflejando la preocupación de conductores y transportistas ante la incertidumbre sobre nuevos despachos.

La crisis también alcanzó al sector industrial. La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), una de las principales empresas productivas de Chuquisaca, suspendió temporalmente sus operaciones debido a la falta de combustible para el funcionamiento de su maquinaria.

El presidente del directorio de Fancesa, Guido Calvo, confirmó la paralización de actividades y la determinación de otorgar vacaciones al personal mientras persista la emergencia. “Se ha tomado la decisión de parar operaciones y dar vacaciones a todo el personal”, manifestó la autoridad tras presentar una denuncia penal contra los dirigentes vinculados a los bloqueos.

La afectación económica también alcanza a instituciones públicas. La Alcaldía de Sucre implementó recientemente medidas de austeridad orientadas a reducir gastos y optimizar recursos, en un contexto marcado por las dificultades financieras derivadas de la coyuntura nacional.

Entretanto, la Policía informó que el número de puntos de bloqueo en el departamento ha disminuido en los últimos días. El comandante departamental, coronel Roger Iván Costas, señaló que actualmente permanecen activos seis puntos de interrupción vial, frente a los once que se registraban anteriormente.

Según la autoridad policial, algunos bloqueos fueron levantados mediante procesos de diálogo y concertación con los comunarios movilizados, permitiendo restablecer parcialmente la circulación en determinadas rutas.

Mientras tanto, la población de Sucre continúa enfrentando las consecuencias de un conflicto que ya supera las seis semanas y que afecta el transporte, la producción, el abastecimiento de combustibles y el normal desarrollo de las actividades cotidianas en la capital del país.

Un operativo policial realizado en la zona de Casa Amarilla, uno de los sectores con mayores medidas de presión en la ciudad de El Alto, terminó este viernes con una camioneta policial parcialmente incendiada y dos efectivos agredidos por manifestantes, en medio de un nuevo episodio de violencia vinculado a los bloqueos que se mantienen en el departamento de La Paz.

De acuerdo con los reportes desde el lugar, un contingente compuesto por al menos diez camionetas policiales y varias motocicletas con efectivos antidisturbios ingresó a esta zona de la periferia alteña durante la jornada. La presencia policial generó preocupación entre los pobladores, quienes señalaron que el operativo tendría como finalidad intervenir los puntos de bloqueo y aprehender a dirigentes de las movilizaciones.

La situación se tornó tensa poco después del ingreso de los uniformados. Los enfrentamientos se extendieron por distintas calles del sector y derivaron en momentos de alta conflictividad entre manifestantes y policías. En medio de estos incidentes, una de las camionetas del convoy quedó rezagada cuando intentaba atravesar un canal de agua, situación que fue aprovechada por un grupo de movilizados para interceptar el vehículo.

Según la información disponible, los manifestantes obligaron a descender a dos efectivos policiales que se encontraban en el motorizado. Posteriormente, los uniformados fueron despojados de sus prendas de servicio y sus uniformes fueron arrojados a una fogata encendida en el lugar.

Las llamas también alcanzaron parte de la camioneta policial, provocando daños visibles en la estructura del vehículo. Sin embargo, el fuego no logró consumir completamente el motorizado. Los daños se concentraron principalmente en el sector derecho del motor y otras partes cercanas de la carrocería.

Tras recuperar el control de la situación, efectivos policiales retornaron al lugar para sofocar las llamas y evaluar el estado del vehículo. Horas después, se realizaron trabajos para retirar la camioneta afectada y trasladarla fuera de la zona de conflicto.

Hasta la tarde de este viernes, las autoridades no habían confirmado la aprehensión de personas vinculadas con estos hechos ni brindado un informe oficial sobre posibles heridos durante el operativo. Tampoco se conocieron detalles sobre el estado de los dos policías que fueron retenidos por los manifestantes.

El sector de Casa Amarilla es considerado uno de los puntos más sensibles dentro de las movilizaciones que se desarrollan en El Alto. Los bloqueos instalados en esta área forman parte de las medidas de presión que se mantienen desde hace más de seis semanas en diferentes regiones del país.

Vecinos del lugar expresaron su sorpresa por el despliegue policial observado durante la jornada, señalando que habitualmente las concentraciones de manifestantes se ubican sobre las avenidas principales y no en sectores más alejados. La presencia de un convoy de gran magnitud llamó la atención de los pobladores, quienes siguieron de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

Los hechos ocurridos este viernes reflejan la creciente tensión que persiste en varios puntos de bloqueo de La Paz y El Alto, donde continúan registrándose enfrentamientos y episodios de violencia en medio de un conflicto que ya supera los 40 días y que mantiene afectada la circulación y el abastecimiento en distintas regiones del país.

Las comunidades originarias de la Primera Sección Municipal de Puerto Acosta, en la provincia Camacho del departamento de La Paz, determinaron replegarse de los puntos de bloqueo instalados en el sector de Río Seco, en la ciudad de El Alto, después de 43 días de movilización.

La decisión fue asumida durante un Tantachawi de los Consejos de Mallkus y Jilakatas de la Nación Suyu Qulla, instancia en la que las autoridades originarias evaluaron la situación del conflicto y resolvieron el retorno de sus bases a sus comunidades de origen.

Según el pronunciamiento emitido por la organización, uno de los factores que motivó la determinación fue la falta de acompañamiento, directrices e instructivos por parte de dirigentes nacionales del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y del Consejo Departamental de Markas y Ayllus (Codemac), situación que —afirman— generó incertidumbre y debilitó la coordinación orgánica entre las estructuras movilizadas.

Asimismo, las autoridades originarias rechazaron un pronunciamiento atribuido a dirigentes de Codemac que calificaba como “evistas” a los sectores que permanecían en las medidas de presión, aclarando que las decisiones asumidas responden a sus propias estructuras organizativas y procedimientos internos.

Pese al repliegue, las comunidades ratificaron su compromiso con la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios y con las determinaciones emanadas de sus organizaciones matrices.

El retorno alcanza a bases provenientes de las markas de Puerto Acosta, Anaco, Solasi, Kellahuyu, Taypi Chinaya, Valle Andino e Italaque, pertenecientes a la provincia Camacho.

La medida coincide con una disminución de los bloqueos en algunos sectores de El Alto. Durante las últimas horas se observó una mayor circulación vehicular en zonas como Río Seco, Alto Lima y Huayna Potosí, donde varios puntos de bloqueo comenzaron a ser levantados tras más de seis semanas de conflicto social.

Las autoridades originarias de la Primera Sección Municipal de Puerto Acosta, provincia Camacho del departamento de La Paz, afiliadas al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), anunciaron su repliegue de las movilizaciones que mantenían en la ciudad de El Alto desde hace más de 40 días.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial emitido por el Consejo de Gobierno Originario Nación Suyu Qulla, en el que las markas y ayllus participantes informaron su retorno a sus comunidades de origen tras 41 días de permanencia en los puntos de movilización instalados en el sector de Río Seco.

En el documento, las autoridades originarias expresan su desacuerdo con algunas determinaciones asumidas por instancias superiores de representación y ratifican su compromiso con los procedimientos y decisiones adoptadas por sus propias estructuras orgánicas y comunitarias.

Asimismo, el pronunciamiento señala que las organizaciones de base realizarán una evaluación de la coyuntura actual y de las acciones desarrolladas durante las jornadas de protesta, manteniendo la coordinación interna entre las comunidades afiliadas.

La determinación fue respaldada por representantes de distintas markas de la provincia Camacho, entre ellas Puerto Acosta, Anaco, Solasía, Kellahuayu, Taypi Chiñaya, Valle Andino e Italaque, cuyos sellos y firmas figuran en el documento difundido públicamente.

El repliegue se produce en medio del conflicto social que atraviesa el país y tras más de un mes de movilizaciones y bloqueos impulsados por diversos sectores sociales en demanda de cambios políticos y atención a sus reivindicaciones. Según el comunicado, las autoridades retornarán a sus markas para continuar el análisis y la toma de decisiones en el marco de sus normas y procedimientos propios.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que el 80% de los estudiantes del departamento de La Paz actualmente recibe clases bajo la modalidad virtual, mientras que solo el 20% continúa asistiendo de manera presencial, debido a los conflictos y bloqueos que afectan a la región desde hace más de un mes.

La autoridad explicó que la situación responde a las dificultades de transporte, movilidad y seguridad generadas por las movilizaciones que mantienen cercada a la sede de gobierno desde hace 36 días, obligando a la mayoría de las unidades educativas a migrar temporalmente a la educación a distancia.

«Hasta donde recuerdo le diría que cerca de un 80% está en clases virtuales y solo un 20% pasa clases presenciales», señaló Sanjinés durante una entrevista televisiva.

Respecto al resto del país, el ministro indicó que el impacto de los conflictos es menor y que las actividades educativas se desarrollan con mayor normalidad. Sin embargo, aseguró que el Ministerio de Educación analiza medidas pedagógicas destinadas a reforzar el aprendizaje y recuperar contenidos afectados por las interrupciones.

Sanjinés advirtió que recuperar completamente el tiempo perdido será una tarea compleja y reconoció que la prolongación de los conflictos podría tener consecuencias en la calidad educativa, pese a los esfuerzos que se implementen para reducir los efectos negativos en la formación de los estudiantes.

Asimismo, explicó que las direcciones distritales de Educación tienen la facultad de determinar la modalidad de clases según la realidad de cada municipio y unidad educativa, evaluando factores como la accesibilidad, la seguridad y las condiciones locales.

La autoridad también expresó preocupación por el impacto que la crisis genera en las familias bolivianas, especialmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba, donde los bloqueos han afectado el normal desarrollo de las actividades económicas, sociales y educativas durante más de 42 días de conflicto.