El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, logró mantenerse en el cargo luego de superar la interpelación legislativa vinculada al denominado “caso maletas”, tras obtener el respaldo mayoritario de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Durante la sesión, 100 de los 147 legisladores presentes votaron por el “orden del día puro y simple”, mecanismo parlamentario que permitió descartar la censura contra la autoridad y evitar su destitución.

Al concluir el conteo, el vicepresidente de la Asamblea, Edmand Lara, confirmó el resultado de la votación. “Se aprueba el orden del día puro y simple, lo que significa que no hay censura, tampoco hay voto de confianza”, señaló Edmand Lara, vicepresidente de la Asamblea Legislativa.

La sesión comenzó alrededor de las 09:00 y estuvo marcada por extensos debates sobre la presencia del ministro y el contexto político y social que atraviesa el país. Parte de los legisladores argumentó que un cambio en el Ministerio de Gobierno podría afectar las acciones de seguridad frente al incremento de hechos violentos registrados principalmente en Santa Cruz.

En el debate también surgieron cuestionamientos relacionados con los bloqueos y movilizaciones anunciadas en distintas regiones. Algunos parlamentarios manifestaron preocupación por presuntos intentos de desestabilización política, situación que, según indicaron, motivó a varias bancadas a cerrar filas en defensa de la institucionalidad.

Uno de los momentos más tensos de la jornada estuvo protagonizado por el senador suplente Nilton Condori, de Unidad, quien planteó reducir salarios de los legisladores e incluso sugirió el cierre de la Asamblea Legislativa. Sus declaraciones provocaron rechazo de parlamentarios de distintas fuerzas políticas.

Durante la sesión, varios legisladores criticaron abiertamente sus afirmaciones y rechazaron la propuesta. Según se informó, las intervenciones de Condori generaron coincidencias entre oficialismo y oposición en defensa del órgano legislativo.

Al finalizar la votación, Lara también observó la ausencia de algunos parlamentarios en la sesión. “17 personas no han asistido. El informe por favor de ambos secretarios para proceder a la sanción como corresponde”, afirmó Edmand Lara.

La sesión continuó posteriormente con el tratamiento de una propuesta de pronunciamiento impulsada por legisladores de Libre, orientada a expresar respaldo a la democracia y a la institucionalidad del país.

El ministro de Trabajo, Edgar Morales, informó que el Estado y distintos sectores laborales destinan al menos 47 millones de bolivianos al año al pago de salarios de dirigentes sindicales declarados “en comisión”, aunque advirtió que el monto real podría superar los 70 millones debido a registros incompletos y datos salariales parciales.

La figura de “comisión”, establecida mediante el Decreto 4710 de 2022, permite que representantes sindicales continúen percibiendo el 100% de sus haberes y beneficios sociales mientras desempeñan funciones dirigenciales.

Durante una entrevista, Morales explicó que la cifra oficial registrada alcanza los Bs 47.162.694, distribuidos entre distintas organizaciones sindicales del país. “47 millones de bolivianos se gasta en todas las personas que están en comisión cada año”, afirmó Edgar Morales, ministro de Trabajo.

La autoridad señaló además que existen sectores que no habrían reportado información completa sobre salarios y registros de dirigentes. “Solamente estamos hablando de un sector porque algunos no están registrados y algunos incluso han declarado cero su salario. Si contabilizamos todo, estamos hablando de 70 millones de bolivianos”, sostuvo.

Entre las organizaciones con mayores montos asignados figuran la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), con cerca de 11,9 millones de bolivianos; la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, con Bs 10,1 millones; la COD de La Paz, con 5,8 millones; y la Central Obrera Boliviana (COB), con 5,1 millones.

Morales también observó la falta de mecanismos de fiscalización sobre los recursos administrados por las organizaciones sindicales, financiados parcialmente mediante descuentos aplicados a los salarios de los trabajadores. “Existe un descuento del 1% para los sindicatos. No hay fiscalización, no hay control, ellos manejan a libre albedrío”, manifestó el ministro de Trabajo.

En ese contexto, el ministro planteó la necesidad de revisar el sistema de financiamiento sindical y establecer mayores controles sobre el uso de esos recursos, al considerar que el gasto podría incluso superar el presupuesto destinado a otras instituciones estatales.

El Ministerio Público abrió una nueva investigación penal contra el expresidente Luis Arce Catacora en el marco de las denuncias vinculadas al manejo del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), esta vez relacionada con el periodo 2010-2011, cuando ejercía como ministro de Economía e integraba el directorio de esa entidad.

El fiscal asignado al caso, Johann Muñoz, informó que las indagaciones se enfocan en presuntos desembolsos de recursos hacia cuentas particulares, así como en la ejecución de miles de proyectos que no habrían cumplido con los requisitos establecidos. “La investigación se centra en el desembolso de recursos del Fondo a cuentas particulares y en cerca de tres mil proyectos que no habrían cumplido con los requisitos necesarios para su validación”, explicó Johann Muñoz, fiscal del caso.

De acuerdo con la autoridad, el posible daño económico identificado hasta el momento supera los 37 millones de bolivianos, aunque no se descarta que esta cifra aumente conforme avance el proceso de auditoría. “El presunto daño económico asciende a más de 37 millones de bolivianos, cifra que podría incrementarse a medida que avance la auditoría”, precisó Muñoz.

El exmandatario, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro desde diciembre de 2025 por otro proceso relacionado con el mismo fondo, fue convocado en calidad de sindicado para prestar su declaración informativa en este nuevo caso.

La investigación se suma a una denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia y también incluye a otras exautoridades, entre ellas la exministra Nemesia Achacollo, en el marco de las acciones destinadas a esclarecer el manejo de recursos del Fondioc.

En un intento por desactivar la creciente conflictividad social en el país, el Gobierno nacional y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) firmaron este miércoles un acta de coordinación que contempla la gestión para la abrogación de la Ley 1720 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El acuerdo fue suscrito en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, donde el presidente Rodrigo Paz se reunió con representantes del sector campesino tras semanas de movilizaciones y demandas vinculadas principalmente al acceso y seguridad de la tierra.

Según el documento, el Ejecutivo se compromete a impulsar un nuevo proyecto de ley que reemplace la normativa cuestionada, el cual será elaborado con participación de los sectores involucrados. Este punto marca un giro en la postura oficial, ya que previamente el Gobierno había planteado únicamente la revisión de la norma, no su eliminación.

El acta también incorpora otras propuestas de impacto político y económico. Entre ellas, se establece el tratamiento de una reducción del 50% en los salarios de los asambleístas, así como la posible eliminación de la renta vitalicia para expresidentes, medidas que deberán ser debatidas en instancias legislativas.

En el ámbito económico, el acuerdo incluye compromisos para garantizar el abastecimiento y la calidad de combustibles, además de continuar con el resarcimiento por daños ocasionados a vehículos, en respuesta a las protestas del sector transporte registradas en los últimos días.

Asimismo, la CSUTCB expresó su respaldo al Gobierno y solicitó la aprobación de créditos internacionales destinados al saneamiento de tierras, mientras que el Ejecutivo ratificó medidas en educación y salud, como la incorporación de nuevos ítems y la implementación de tecnología en unidades educativas.

No obstante, el documento advierte que el sector campesino se mantendrá en estado de emergencia si los compromisos no son cumplidos, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones.

El acuerdo se produce en un contexto de alta tensión en el país, marcado por bloqueos, protestas multisectoriales y cuestionamientos a la situación económica, lo que obliga al Gobierno a buscar salidas negociadas para contener la crisis.