El presidente Rodrigo Paz denunció que varios ministros de su Gobierno y legisladores recibieron amenazas de muerte dirigidas también contra sus familias, en medio de la crisis institucional generada tras la destitución del exfiscal general Róger Mariaca y la designación de José Armando Urioste como fiscal general interino.
Durante un acto oficial en Trinidad, Paz afirmó que las amenazas fueron enviadas mediante WhatsApp y señaló que algunos integrantes de su gabinete le comunicaron su preocupación por los mensajes recibidos. El mandatario sostuvo que, pese a esta situación, continuará respaldando las decisiones de su administración.
“Muchos parlamentarios recibieron amenazas de muerte para con sus familias en su WhatsApp”, afirmó Paz. También aseguró que no teme por su vida y manifestó que mantendrá su posición frente a los cuestionamientos surgidos durante el proceso de cambios en la Fiscalía General del Estado.
La denuncia se produjo después de que la Asamblea Legislativa aprobara la salida de Mariaca y posteriormente designara a José Armando Urioste como interino. Mariaca permanece con detención preventiva y enfrenta una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico, proceso iniciado luego de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra él y otros funcionarios bolivianos.
Las investigaciones también apuntan a una presunta estructura dentro del sistema judicial que habría brindado protección a organizaciones dedicadas al narcotráfico. En ese contexto, cobró relevancia un video difundido por la Policía en el que el narcotraficante Sebastián Marset afirma que Mariaca era su amigo y que mantenía conversaciones con él cuando ejercía como fiscal general.
En la grabación, Marset asegura que Mariaca tenía control sobre la Fiscalía y que le proporcionaba información que debía conocer. El material fue difundido después de la aprehensión de Mariaca y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Las autoridades continúan con las investigaciones mientras la denuncia sobre las amenazas añade un nuevo elemento a la crisis institucional que atraviesa la Fiscalía.
