La crisis política y social en Bolivia se agravó este viernes luego de que organizaciones campesinas y sectores afines a las protestas anunciaran la radicalización de los bloqueos y rechazaran nuevamente participar en la mesa de diálogo impulsada por el Gobierno y la Iglesia Católica.
Dirigentes de la Federación de Campesinos Túpac Katari y de la organización Mujeres Bartolina Sisa confirmaron que mantendrán y ampliarán el cerco contra el departamento de La Paz exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La decisión surge después de que fracasara la primera reunión de la Comisión de Diálogo instalada en la ciudad de La Paz con mediación de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y autoridades nacionales.
El presidente Rodrigo Paz había advertido el miércoles que era “la última vez” que convocaba públicamente a los dirigentes movilizados a dialogar, tras varios intentos fallidos de negociación.
Sin embargo, los sectores en conflicto rechazaron asistir mientras continúen vigentes las órdenes de aprehensión contra algunos dirigentes, especialmente contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, investigado por presuntos delitos de terrorismo e instigación pública.
El vicepresidente Edmand Lara reconoció que la reunión no logró avances concretos debido a la ausencia de los principales representantes de las protestas.
“Lamentablemente los sectores que están en conflicto no asistieron”, afirmó la autoridad.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Gobierno ofreció garantías verbales para facilitar la participación de los dirigentes, aunque admitió que no puede intervenir en decisiones de la Fiscalía o la Justicia.
Los dirigentes campesinos también exigen la liberación de personas detenidas durante los conflictos y reclaman el esclarecimiento de la muerte de Víctor Cruz, un joven de 23 años fallecido en circunstancias aún no esclarecidas en la comunidad de Vilaque.
La senadora Claudia Mallón informó que uno de los pocos avances fue plantear una convocatoria al fiscal departamental de La Paz para analizar posibles mecanismos legales relacionados con las órdenes de aprehensión.
Mientras tanto, el país continúa bajo fuerte tensión social. En La Paz persiste la escasez de combustibles, el transporte público permanece paralizado parcialmente y la población enfrenta problemas de abastecimiento y largas filas en distintos servicios.
Las movilizaciones cumplen este viernes 29 días consecutivos y mantienen al país en uno de sus momentos de mayor conflictividad de los últimos años.
