El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso la revisión inmediata de las detenciones preventivas en todo el país y estableció que esta medida cautelar debe aplicarse únicamente de forma excepcional, con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles y evitar su uso indebido en el sistema judicial boliviano.
La Sala Plena del TSJ emitió la Circular N° 01/2026, dirigida a jueces y tribunales penales del país, en la que se instruye analizar de manera estricta los casos de detención preventiva y verificar aquellos en los que el plazo legal haya vencido o ya no se justifique su continuidad.
El documento establece que la libertad debe ser la regla general dentro del proceso penal, mientras que la privación de libertad en etapa cautelar debe ser una excepción debidamente fundamentada, conforme a la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la normativa procesal vigente.
En ese sentido, los jueces deberán evaluar criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y excepcionalidad al momento de dictar o mantener medidas cautelares, evitando decisiones basadas en argumentos genéricos o sin sustento concreto sobre riesgos procesales.
La circular también instruye priorizar medidas alternativas a la detención preventiva y promover el uso de herramientas tecnológicas de control judicial, como el sistema ROMA–ARGO, que permite la supervisión de imputados mediante mecanismos biométricos y de geolocalización.
Asimismo, el TSJ ordena a las autoridades judiciales realizar un control permanente de oficio sobre los casos en los que la detención preventiva ya habría superado su plazo legal, disponiendo en esos casos su cesación inmediata y la aplicación de medidas menos restrictivas.
Según el máximo tribunal, la medida busca garantizar el debido proceso, evitar prolongaciones indebidas de la privación de libertad y contribuir a reducir la sobrepoblación carcelaria en el país.
Con esta disposición, el Tribunal Supremo de Justicia refuerza su línea de control sobre el uso de la detención preventiva en Bolivia, en un intento por equilibrar la aplicación de medidas cautelares con el respeto a los derechos fundamentales de las personas procesadas.
