El Gobierno presentó un diagnóstico sobre la situación de 15 empresas públicas que registran pérdidas acumuladas superiores a Bs 5.177 millones y anunció que aplicará un plan diferenciado para cada una. Las medidas contemplan la reestructuración de las empresas estratégicas, la promoción de alianzas público-privadas para aquellas con posibilidades de recuperación y el cierre de las que sean consideradas financieramente inviables.
El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante la presentación del informe elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). Según los datos oficiales, además de las pérdidas acumuladas, las empresas estatales concentran compromisos por más de Bs 26.000 millones entre créditos y aportes de capital.
Lupo explicó que el Ejecutivo definió tres categorías para el tratamiento de las empresas públicas. En el primer grupo se encuentran las consideradas estratégicas, como YPFB, Boliviana de Aviación (BOA) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), las cuales continuarán bajo administración estatal, aunque serán sometidas a procesos de reorganización y fortalecimiento institucional.
«Las empresas estratégicas no se van a privatizar. Deben ser reordenadas, reestructuradas y transparentadas», afirmó José Luis Lupo, ministro de la Presidencia.
El segundo grupo está conformado por empresas que, de acuerdo con la evaluación gubernamental, podrían recuperar su sostenibilidad mediante asociaciones público-privadas (APP). Para ello, el Gobierno prevé impulsar un nuevo marco normativo que permita atraer inversión privada sin perder el control estatal sobre los sectores considerados estratégicos.
En una tercera categoría se encuentran las empresas que, según el diagnóstico oficial, presentan una situación financiera sin perspectivas de recuperación. En esos casos, el Ejecutivo prevé iniciar procesos de cierre para evitar que continúen dependiendo de recursos del Tesoro General del Estado.
«No pueden seguir consumiendo los recursos de los bolivianos. Deben ser cerradas», sostuvo José Luis Lupo, ministro de la Presidencia.
El ministro también informó que el Consejo Superior de Empresas Públicas instruyó a cada ministerio elaborar un plan de acción para las empresas que se encuentran bajo su dependencia. Estos documentos deberán establecer las medidas que se aplicarán, los plazos de ejecución y el destino de cada empresa, ya sea reestructuración, asociación con el sector privado o cierre definitivo.
Por su parte, el director de la OFEP, Pablo Camacho, señaló que las auditorías continuarán con el objetivo de determinar responsabilidades sobre las pérdidas registradas y el uso de recursos públicos. Explicó que, en varios casos, las empresas financiaron gastos corrientes con créditos estatales sin cumplir los objetivos para los que fueron creadas.
«Las empresas públicas deben ser motivo de orgullo nacional, no de preocupación permanente», manifestó José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, al señalar que los resultados de las auditorías podrían dar lugar a procesos judiciales contra exautoridades y exejecutivos responsables de la administración de estas entidades.
