El Gobierno conformó una comisión de intervención estatal extraordinaria para realizar el seguimiento a la gestión de YPFB durante la vigencia del Decreto Supremo 5697, aprobado en medio de la crisis de abastecimiento de combustibles.
La comisión estará integrada por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Hidrocarburos y Energías; Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública.
Entre sus principales tareas estará revisar la comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles, además de recomendar auditorías técnicas para identificar posibles redes de contrabando, desvío y acopio de carburantes.
El decreto establece que la comisión podrá recomendar la incorporación de profesionales especializados, consultores y peritos técnicos, así como solicitar apoyo de entidades estatales de control y fiscalización.
Asimismo, el presidente y el personal administrativo, técnico y operativo de YPFB deberán proporcionar la información y documentación requerida para el desarrollo de las labores de intervención.
