La Defensoría del Pueblo entregó certificados a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), quienes concluyeron el curso “Formador de formadores en derechos humanos y prevención de las violencias en el ámbito universitario”. La iniciativa busca fortalecer las capacidades para promover los derechos humanos y prevenir situaciones de violencia dentro de las universidades.
Durante el acto, el defensor del pueblo, Pedro Callisaya Aro, destacó el respaldo de la UMSA al proceso de formación y remarcó el papel de la educación como una herramienta para transformar la sociedad. Señaló que la enseñanza de los derechos humanos no se limita a transmitir conocimientos, sino que implica asumir principios y valores que contribuyan a construir una sociedad justa, equitativa y respetuosa de los derechos de todas las personas.
Callisaya sostuvo que el ejercicio de los derechos individuales debe respetar los derechos de los demás y formar parte de una convivencia basada en principios éticos. En ese sentido, destacó la importancia de impulsar espacios educativos que contribuyan a consolidar una cultura de respeto y a prevenir distintas formas de violencia en el entorno universitario.
Por su parte, la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA, Cecilia Rocabado Tubert, afirmó que la formación de futuros profesionales representa un desafío para garantizar que los derechos fundamentales, la ética, la transparencia y la no discriminación tengan una aplicación efectiva en la sociedad boliviana. También subrayó la importancia de llevar los derechos humanos reconocidos en la Constitución a la vida cotidiana y al ejercicio de las funciones de los operadores de justicia.
En representación de los estudiantes certificados, Diana Ortega Peralta destacó las herramientas adquiridas durante el proceso de capacitación. Señaló que los participantes podrán convertirse en una red de apoyo para personas que atraviesen situaciones de violencia, mediante la escucha, la orientación responsable y la promoción de espacios seguros dentro de la comunidad universitaria.
La certificación se enmarca en la alianza estratégica suscrita entre la Defensoría del Pueblo y la Universidad Mayor de San Andrés. La entrega de los certificados estuvo a cargo de Pedro Callisaya Aro y Cecilia Rocabado Tubert, como parte de las acciones conjuntas para fortalecer la educación en derechos humanos y la prevención de las violencias en el ámbito universitario.
