viernes, noviembre 6, 2026
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CÍVICO EXIGE QUE NO SOLO HAYA CÁRCEL, SINO TAMBIÉN DEVOLUCIÓN DE RECURSOS EN EL CASO JHONNY FERNÁNDEZ 

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, pidió que las investigaciones contra el exalcalde cruceño Jhonny Fernández no se limiten únicamente a su persona, sino que también alcancen a los exfuncionarios y colaboradores que pudieran estar involucrados en presuntas irregularidades durante su gestión municipal.

Cochamanidis cuestionó la administración del exalcalde y sostuvo que, si se comprueban responsabilidades, no bastará con las sanciones penales: también deberá buscarse la recuperación de los recursos públicos. El dirigente cívico pidió que se investigue a las personas que formaron parte de su entorno y que se establezca si existieron posibles irregularidades en el manejo del dinero municipal.

El pronunciamiento se produce en medio de la investigación por la presunta malversación de aproximadamente Bs 191 millones, recursos vinculados a créditos destinados a 17 proyectos de infraestructura que, según denuncias de autoridades municipales, quedaron inconclusos o no se ejecutaron.

Entre las obras observadas figura el viaducto de la doble vía a La Guardia y el cuarto anillo, cuyo financiamiento cuestionado alcanzaría aproximadamente Bs 66 millones, de acuerdo con declaraciones de la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar.

El caso tuvo un nuevo giro el 28 de octubre, cuando Jhonny Fernández fue aprehendido y trasladado al Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra para su audiencia de medidas cautelares. La investigación deberá establecer si existió malversación y determinar las responsabilidades que correspondan.

Fernández, por su parte, denunció presunto acoso político y cuestionó las actuaciones judiciales en su contra. Las acusaciones deberán ser esclarecidas por las instancias competentes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

La exigencia del sector cívico apunta a que las investigaciones alcancen a todos los posibles involucrados y que, si se demuestra un daño económico al municipio, se determinen los mecanismos legales para recuperar los recursos públicos.

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