La Cumbre Nacional Minera convocada por el Gobierno para debatir una nueva política y avanzar en la construcción de un nuevo marco legal para el sector no pudo desarrollarse bajo el formato previsto. Las diferencias entre organizaciones mineras obligaron a modificar la metodología del encuentro antes del inicio de las mesas de trabajo.
La segunda jornada del evento debía reunir a representantes de distintos sectores vinculados a la minería; sin embargo, los desacuerdos entre organizaciones cooperativistas llevaron al Ministerio de Minería a reemplazar la sesión plenaria por reuniones sectoriales, dejando en evidencia las dificultades para alcanzar acuerdos sobre una actividad considerada estratégica para la economía nacional.
El experto en minería Héctor Córdova señaló que uno de los principales problemas estuvo relacionado con la planificación del encuentro, debido a la cantidad de participantes y la estructura planteada para los debates.
“El primer error fue metodológico. El Gobierno pretendía reunir alrededor de 800 participantes distribuidos en apenas cuatro mesas de trabajo, es decir, cerca de 200 personas por mesa. En esas condiciones era prácticamente imposible construir consensos”, explicó Héctor Córdova, especialista en minería.
Córdova también cuestionó que la convocatoria no incluyera a todos los sectores involucrados en la actividad minera. Según su análisis, una reforma integral debería considerar la participación de gobernaciones, municipios, universidades, comunidades indígenas y campesinas, además de organizaciones de la sociedad civil.
“Una reforma minera no puede limitarse a reunir cooperativas, empresas privadas y operadores estatales, porque la minería tiene impactos económicos, sociales y ambientales que van más allá de los propios productores”, afirmó Héctor Córdova.
Por su parte, el economista Dante Pino sostuvo que las diferencias entre las organizaciones cooperativistas reflejan intereses económicos y políticos relacionados con el peso que tiene la minería en la generación de recursos para el país.
Pino explicó que la actividad minera representa uno de los principales sectores exportadores de Bolivia y que las disputas internas también están relacionadas con la influencia que distintos actores buscan mantener dentro de la estructura productiva del sector.
Según los datos expuestos por el economista, las cooperativas mineras concentran una parte importante de la producción nacional, mientras que existe una diferencia significativa en los aportes tributarios frente a otros operadores como las empresas privadas y la minería estatal.
Los especialistas coincidieron en que las diferencias internas del sector deberán ser resueltas antes de avanzar en una nueva Ley Minera. Entre los temas que el Gobierno busca debatir se encuentran el régimen tributario, la estructura institucional y el futuro de la actividad extractiva.
La fallida instalación de la Cumbre Nacional Minera dejó en evidencia los desafíos que enfrenta el Estado para generar consensos en torno a una actividad que representa una de las principales fuentes de ingresos por exportaciones, pero que también concentra disputas económicas, sociales y políticas.
