El Gobierno suscribió un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) que contempla la entrega y priorización de nuevas áreas mineras para el sector cooperativista, representación dentro de la Caja Nacional de Salud (CNS) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), además de flexibilizar regulaciones ambientales vinculadas a actividades extractivas en áreas protegidas.
El documento fue firmado tras varios días de presión y movilizaciones protagonizadas por miles de cooperativistas mineros en la ciudad de La Paz, quienes utilizaron explosivos y protagonizaron hechos de violencia durante sus protestas.
Entre los principales puntos del acuerdo se establece que el Ministerio de Minería, junto con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y Comibol, priorizarán la liberación y asignación de nuevas áreas de explotación minera para las cooperativas afiliadas a Fencomin. Asimismo, el Gobierno impulsará una ley corta para agilizar la aprobación de contratos mineros cooperativos en la Asamblea Legislativa.
Otro de los compromisos asumidos contempla la abrogación del Decreto Supremo 5615, que declaraba reserva fiscal minera a las zonas de Chuquiuta y Pocoata. Además, se acordó que futuros proyectos normativos relacionados con minería deberán ser consensuados previamente con Fencomin.
El acuerdo también incluye la entrega de un cargo estratégico para representantes del sector cooperativista dentro de la Caja Nacional de Salud mientras se gestionan cambios normativos sobre representación institucional.
En el ámbito ambiental, uno de los puntos más cuestionados establece que la AJAM y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) restablecerán reglamentos destinados a facilitar derechos mineros y certificaciones de uso de suelo en áreas protegidas, medida que generó preocupación en sectores ambientalistas y expertos en minería.
La diputada Cecilia Requena y el analista Héctor Córdova criticaron duramente las concesiones realizadas por el Gobierno, señalando que podrían profundizar los daños ambientales y ampliar la influencia política del sector cooperativista dentro de instituciones estatales.
“Se están haciendo concesiones inaceptables a un sector que históricamente ha generado graves impactos ambientales y precarización laboral”, cuestionó Requena.
Por su parte, Córdova observó que el acuerdo otorga a los cooperativistas una injerencia inédita dentro de Comibol, empresa vinculada principalmente a la minería estatal y no privada.
