Tras más de 50 días de bloqueos que afectaron la circulación, el abastecimiento y la economía nacional, legisladores, asambleístas y concejales promueven al menos diez proyectos de ley orientados a proteger la libre transitabilidad y endurecer las sanciones contra quienes interrumpan carreteras y servicios esenciales. Beni se convirtió en el primer departamento en aprobar una normativa específica sobre esta temática.
Las propuestas legislativas contemplan penas que van desde tres hasta veinte años de prisión para quienes promuevan, financien, instiguen o ejecuten bloqueos que generen daños a la población y a la economía. Entre las iniciativas destacan modificaciones al Código Penal y nuevas normas destinadas a compatibilizar el derecho a la protesta con la protección de los derechos de terceros y la circulación de personas y mercancías.
Paralelamente, desde distintos niveles del Estado crece el pedido para que la Fiscalía identifique y procese a los responsables de los bloqueos y de los daños ocasionados en la infraestructura vial. El presidente Rodrigo Paz informó que la reparación de las carreteras afectadas demandará más de 90 millones de bolivianos y cuestionó quién asumirá esos costos.
Actualmente existen alrededor de un centenar de procesos relacionados con las movilizaciones y bloqueos. Mientras algunas regiones avanzan con leyes antibloqueos, el debate sobre las responsabilidades y sanciones continúa marcando la agenda política nacional tras uno de los conflictos más prolongados de los últimos años.
