La investigación por el denominado caso gasolina desestabilizada avanzó este lunes con la aprehensión de dos altos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quienes son investigados por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión y distribución de combustibles.
Los funcionarios involucrados son el gerente general de YPFB Logística, Eddy Rolando Torrico Ibáñez, y el gerente comercial de YPFB, Nelson Alejandro Mendoza. Ambos fueron aprehendidos en operativos realizados por la Fiscalía y la Policía en diferentes ciudades del país.
Según los reportes del caso, Mendoza fue intervenido en la ciudad de La Paz y posteriormente trasladado a dependencias policiales para cumplir con los procedimientos investigativos correspondientes. En tanto, Torrico fue aprehendido en oficinas de la empresa estatal ubicadas en la ciudad de Santa Cruz.
De acuerdo con las órdenes de aprehensión emitidas por el Ministerio Público, ambos ejecutivos son investigados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La documentación del proceso señala además que la causa fue impulsada por la diputada de oposición Lissa Claros, representante de la Alianza Libre, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidades que presentaron las observaciones que dieron origen a las investigaciones.
Las actuaciones fiscales continúan ampliándose a distintas áreas de la petrolera estatal con el objetivo de establecer posibles responsabilidades en torno al manejo de la gasolina observada por las autoridades.
En el marco del mismo proceso, el gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB, Carlos Cuéllar Pinto, fue enviado el pasado sábado al penal de Palmasola con detención preventiva por seis meses, tras una audiencia cautelar.
Con estas nuevas aprehensiones, ya son tres los ejecutivos de la empresa estatal involucrados en las acciones judiciales derivadas de este caso, mientras la Fiscalía prosigue con la recolección de pruebas y la determinación de eventuales responsabilidades administrativas y penales.
La investigación permanece en etapa preliminar y las autoridades no descartan nuevas actuaciones dentro de una causa que continúa extendiéndose a diferentes niveles de la estructura de YPFB.
