Los sindicatos de micros de Sucre mantienen su rechazo a la tarifa oficial de Bs 4 para adultos y comenzaron a aplicar recortes en los recorridos de varias líneas del transporte público. La medida surge en medio del conflicto con la Alcaldía, mientras los transportistas insisten en cobrar Bs 4,50 y exigen una nueva revisión de los costos del servicio.
A principios de octubre, el Gobierno municipal estableció la tarifa de Bs 4 con base en un estudio de costos. Sin embargo, los sindicatos consideran que el monto no refleja la situación económica actual del sector, particularmente después de la eliminación de la subvención al diésel, que ahora se comercializa a precio internacional.
El Sindicato de Micros San Cristóbal, que concentra aproximadamente el 70% del servicio de transporte público de la ciudad, optó por reducir los recorridos en lugar de retirar sus vehículos de circulación. Entre las líneas señaladas figuran la 1, 33, 2, 3, 6, 8, 11 y 12 amarilla, cuyos cambios podrían dificultar el traslado de los pasajeros desde y hacia distintos barrios.
Entre las modificaciones previstas, la línea 1 establecerá su parada en el hospital de Azari y dejará de ingresar a barrios aledaños. Por su parte, la línea 6 limitará su recorrido a las avenidas 201 y Libertadores, sin ingresar a Lechuguillas ni pasar por Villa Margarita y las inmediaciones del colegio Libertad de las Américas. Otras líneas también retornarían a antiguas paradas y dejarían de cubrir sectores de reciente expansión urbana.
Frente a esta situación, el secretario general de la Alcaldía de Sucre, Dayler Andrade, anunció que los operativos de control se intensificarán durante la semana para garantizar el cumplimiento del Decreto Municipal 048. La autoridad descartó realizar un nuevo estudio de costos o abrir negociaciones para modificar las tarifas vigentes y señaló que los controles también incluirán a taxis y mototaxis.
La escala tarifaria municipal establece Bs 4 para adultos, Bs 3 para adultos mayores, Bs 2 para universitarios y Bs 1 para escolares y colegiales, mientras que las personas con discapacidad cuentan con transporte gratuito. El conflicto continúa abierto entre la Alcaldía y los sindicatos, y los recortes de rutas podrían afectar especialmente a quienes dependen del transporte público para llegar a sus hogares, centros educativos y lugares de trabajo.
