miércoles, junio 17, 2026
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Aumentan los bloqueos en el país y el sector salud exige corredores humanitarios ante crisis hospitalaria

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La crisis por los bloqueos en Bolivia se profundizó este jueves con el incremento de los cortes de ruta y una creciente emergencia sanitaria en La Paz, donde médicos y trabajadores de salud marcharon para exigir corredores humanitarios ante la escasez de oxígeno medicinal, medicamentos y alimentos en hospitales.

Según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el país registró 66 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos. La Paz continúa siendo la región más afectada con 21 cortes de ruta, seguida de Potosí, Cochabamba y Oruro.

Además, la Policía informó sobre nuevos puntos de bloqueo en Chuquisaca, donde organizaciones campesinas advirtieron con interrumpir el acceso al aeropuerto de Alcantarí, principal vía aérea de conexión de la región.

En este contexto, personal médico recorrió las calles del centro paceño portando carteles y mensajes dirigidos a las autoridades y sectores movilizados para permitir el ingreso de insumos hospitalarios.

La movilización fue encabezada por el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, quien alertó sobre el deterioro de la situación en distintos centros hospitalarios.

“El problema es que las cisternas con oxígeno no pueden salir del departamento para retornar con nuevas cargas. Esto ya está llegando a una crisis total”, afirmó Larrea.

El dirigente médico señaló que hospitales como El Alto Sur enfrentan una reducción crítica de reservas de oxígeno medicinal, lo que obligaría a recurrir a otros centros de salud para garantizar el abastecimiento temporal.

Asimismo, indicó que la protesta se desarrolló de manera pacífica y reiteró el pedido para habilitar corredores humanitarios que permitan el traslado de medicamentos, alimentos e insumos médicos.

La crisis también continúa impactando en la economía nacional. La Cámara Nacional de Industrias informó que las pérdidas acumuladas por los bloqueos superan los 1.680 millones de dólares, mientras que el sector industrial reporta daños diarios millonarios.

Por su parte, el dirigente del transporte pesado Marcelo Cruz advirtió que las pérdidas en ese sector ya sobrepasan los Bs 140 millones y anunció un ultimátum de 48 horas al Gobierno para restablecer la circulación en las carreteras.

Más de mil camiones permanecen detenidos en rutas y zonas fronterizas debido a los bloqueos que persisten desde hace casi cuatro semanas.

Entretanto, dirigentes campesinos de la provincia Eliodoro Camacho ratificaron su rechazo a participar en mesas de diálogo y anunciaron la ampliación de las medidas de presión, además de exigir la liberación de personas detenidas durante las movilizaciones.

En respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, sostuvo que cualquier proceso de negociación debe basarse en demandas legítimas y no en intereses políticos.

La situación también afecta a municipios de los Yungas paceños. Desde Caranavi, el alcalde Marco Antonio Mamani denunció el incremento de precios de productos básicos y combustibles como consecuencia de las restricciones en el transporte y abastecimiento.

Mientras continúan las movilizaciones y los bloqueos en diferentes regiones del país, sectores médicos, empresariales y del transporte advierten sobre el agravamiento de la crisis sanitaria y económica, en medio de intentos fallidos de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.

Se agrava la presión social contra el Gobierno mientras fracasan los intentos de diálogo

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Las organizaciones campesinas y sectores sociales movilizados anunciaron la radicalización de los bloqueos y el cerco a La Paz, mientras los intentos de diálogo impulsados por el Gobierno y la Iglesia Católica no lograron avances debido a la ausencia de los principales dirigentes del conflicto.

La Federación de Campesinos Túpac Katari y la organización de Mujeres Bartolina Sisa ratificaron este jueves su rechazo a las convocatorias de diálogo y reafirmaron su demanda de acortamiento del mandato constitucional del presidente Rodrigo Paz.

Las organizaciones anunciaron además que intensificarán las medidas de presión y ampliarán los bloqueos en distintas rutas del departamento de La Paz.

La posición de los sectores movilizados surgió después de que el mandatario señalara que la reciente invitación al diálogo sería la “última vez” que convocaría a los dirigentes tras varios intentos fallidos de negociación.

Durante la reunión promovida por la Iglesia Católica en La Paz, representantes del Gobierno y legisladores intentaron avanzar en mecanismos de concertación; sin embargo, los dirigentes que encabezan las movilizaciones no participaron del encuentro.

Según se informó en la mesa de diálogo, la Central Obrera Boliviana (COB) condicionó su asistencia a la anulación de la orden de aprehensión contra su ejecutivo, Mario Argollo, investigado por presuntos delitos vinculados al conflicto.

“Lamentablemente los sectores que están en conflicto no asistieron”, afirmó el vicepresidente Edmand Lara.

La autoridad explicó que uno de los principales obstáculos para concretar el diálogo fue la exigencia de dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el dirigente sindical.

“Ayer el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, les dio una garantía verbal, pero para los movilizados no es suficiente”, agregó Lara.

Por su parte, el ministro de la Presidencia sostuvo que el Ejecutivo no puede intervenir en decisiones judiciales relacionadas con la orden de captura.

“No puedo llamar a jueces ni fiscales, pero hemos dado la garantía para que él, si viene a dialogar acá, no se va a tomar ningún tipo de acción durante el diálogo”, señaló José Luis Lupo.

Tras la reunión, el dirigente del transporte pesado, Pedro Quispe, cuestionó al Gobierno por no concretar gestiones para levantar la orden de aprehensión contra Argollo y criticó la falta de resultados en el encuentro.

Entretanto, legisladores señalaron que uno de los pocos avances alcanzados fue la propuesta de convocar al fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, para analizar mecanismos legales relacionados con el caso del dirigente cobista.

Asimismo, se planteó la posibilidad de establecer un corredor humanitario para aliviar el impacto de los bloqueos; sin embargo, no se lograron acuerdos concretos debido a la ausencia de los representantes de los sectores movilizados.

La tensión social también continúa incrementándose en diferentes regiones del país. En La Paz persisten problemas de abastecimiento de combustible y el paro indefinido del transporte afecta la circulación y las actividades cotidianas.

Mientras el Gobierno insiste en abrir espacios de concertación, las organizaciones movilizadas mantienen sus medidas de presión y exigen la renuncia presidencial, profundizando un escenario de conflictividad que ya supera las cuatro semanas.

Gobierno asegura que mantendrá el diálogo para evitar una escalada del conflicto y el caos en el país

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En medio del día 29 de movilizaciones y bloqueos, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó que el Gobierno continuará agotando todas las vías de diálogo con los sectores movilizados con el objetivo de evitar una mayor confrontación y preservar la estabilidad institucional del país.

La autoridad señaló que el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de concertación pese a que algunos dirigentes rechazan participar en las mesas de negociación y mantienen como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“Nosotros vamos a agotar todas las vías de diálogo porque ese es el camino correcto”, manifestó Espinoza.

El ministro sostuvo que, desde el Gobierno, se considera que ciertos sectores buscan generar un escenario de confrontación y deterioro institucional en el país.

“El plan que tienen en el otro lado de la acera es muy simple: generar confrontación. Es muy probable que ni siquiera quieran tomar el gobierno hoy; lo que quieren es generar confrontación y caos en el país”, afirmó.

Espinoza indicó además que existe una narrativa orientada a presentar el conflicto actual como una “revuelta popular” o una “revolución”, con la finalidad de profundizar la crisis política y económica.

No obstante, aseguró que el Ejecutivo intentará evitar una escalada de la situación. “Nosotros vamos a evitar a toda costa llegar a ese punto”, señaló.

La autoridad también explicó que el Gobierno fue construyendo un marco legal y constitucional para actuar dentro de las atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado.

“Si el diálogo se agota, pues entrarán otros caminos. Pero mientras exista la posibilidad de diálogo, lo vamos a hacer”, sostuvo el ministro.

El jueves se desarrolló un nuevo intento de diálogo en la ciudad de La Paz con participación del Gobierno, legisladores, representantes de la Iglesia católica e instituciones de derechos humanos; sin embargo, los dirigentes de los sectores movilizados no asistieron al encuentro.

El conflicto se inició el pasado 1 de mayo, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un paro general indefinido. Posteriormente, organizaciones campesinas comenzaron bloqueos de carreteras en La Paz, manteniendo hasta ahora un cerco sobre la sede de Gobierno.

Según Espinoza, la situación actual responde a una acumulación de demandas sociales arrastradas durante varias gestiones y a una falta de representación de algunos sectores dentro del actual Gobierno.

“Esto sí el presidente Paz también ha hecho autocrítica, con una falta de inclusión que nosotros no supimos leer al inicio del Gobierno”, afirmó.

El ministro agregó que el descontento social habría sido aprovechado por grupos con capacidad de movilización y presencia territorial en distintas regiones del país.

Mientras el Gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo, los sectores movilizados continúan exigiendo la renuncia presidencial y mantienen los bloqueos y medidas de presión en diferentes puntos del territorio nacional.

Paro del transporte pierde fuerza en La Paz y en El Alto admiten flexibilización de bloqueos

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El paro indefinido convocado por dirigentes del transporte en las ciudades de La Paz y El Alto comenzó a perder intensidad este jueves, con una mayor circulación de vehículos y una reducción de los puntos de bloqueo en varios sectores de ambas urbes.

En distintas zonas de La Paz se observó una mayor presencia de minibuses prestando servicio, aunque todavía en menor cantidad. Durante la noche, el tránsito entre La Paz y El Alto se incrementó de forma más notoria.

En la ciudad de El Alto, los bloqueos más visibles permanecían en el peaje de la autopista y en el sector de Senkata, mientras que otras zonas como Villa Adela, Villa Bolívar A y B, Ciudad Satélite y Río Seco registraron circulación normal y actividad comercial.

Incluso la feria 16 de Julio desarrolló sus actividades con normalidad durante la jornada, reflejando una disminución en el impacto de las medidas de presión.

El exdirigente David Mamani reconoció que existe una flexibilización en las protestas dentro de la urbe alteña.

“Es cierto que en El Alto se están relajando las medidas de presión, pero vamos a hablar con los compañeros, porque el acuerdo es incrementar los puntos de bloqueos y mantener los que se han instalado desde un principio”, manifestó.

Pese a ello, aseguró que en sectores del altiplano los bloqueos continúan siendo estrictos y que no se permite el paso de vehículos.

Entretanto, comerciantes y transportistas continúan encontrando formas de abastecer mercados y ferias de la ciudad de La Paz. En zonas como la plaza Garita de Lima se observó la llegada de minibuses con productos provenientes de municipios como Sorata, Pucarani y Tiahuanaco.

Durante las noches, las ferias zonales de El Alto también retomaron parte de su actividad comercial, con una mayor presencia de personas adquiriendo alimentos y productos básicos.

En la sede de Gobierno, el paro del transporte comenzó a pasar desapercibido debido a que muchos conductores retomaron sus actividades laborales ante la necesidad de cubrir obligaciones económicas y pagos de créditos vehiculares.

Por otro lado, este jueves solo se registró una pequeña movilización del sector salud, mientras que la marcha prevista por los maestros no se realizó. Según el reporte, el Gobierno adelantó el pago del denominado “bono fusionado” y anunció para la primera quincena de junio el desembolso del bono “gestión de aula”, acuerdos alcanzados previamente con el magisterio.

Aunque algunos sectores mantienen las medidas de presión y los bloqueos en determinadas regiones, en La Paz y El Alto comienza a evidenciarse una reducción gradual del impacto del paro y una reactivación parcial del transporte y las actividades comerciales.

Cinco países firman acuerdo en Santiago para enfrentar el crimen organizado en la región

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Bolivia, Chile, Argentina, Perú y Ecuador suscribieron en Santiago el denominado “Compromiso de Santiago”, un acuerdo regional orientado a fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional, en un contexto en el que este fenómeno genera un impacto económico estimado en 3,4% del PIB de América Latina.

El acuerdo fue firmado por autoridades de los cinco países durante un encuentro de cancilleres y ministros de Seguridad, donde se abordó el impacto del narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y otros delitos transnacionales.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo del crimen en la región equivale a unos 230.000 millones de dólares, lo que representa una carga económica significativa para los Estados, superando incluso gran parte del gasto social y de inversión en varios países.

En representación de Bolivia participó el canciller Fernando Aramayo, quien destacó la necesidad de una respuesta coordinada entre los Estados para enfrentar estas amenazas.

“Lo que el crimen nos está arrebatando es desarrollo, está coartando nuestras libertades y nuestra capacidad de entregar a nuestros ciudadanos Estados con certidumbre. Los tiempos en los que nos encontramos requieren acción decidida”, afirmó Aramayo.

El principal resultado del encuentro fue la creación de un Grupo de Trabajo Regional, que estará integrado por entidades técnicas de cada país y tendrá la tarea de diseñar acciones concretas, medibles y verificables para combatir las redes criminales.

Este mecanismo trabajará en áreas como intercambio de información, inteligencia financiera, control migratorio, gestión fronteriza y cooperación operativa contra organizaciones delictivas.

El grupo iniciará funciones en un plazo de 90 días y deberá presentar avances en 180 días, momento en el que los países volverán a reunirse para evaluar los resultados y definir nuevas medidas.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, anfitrión del encuentro, señaló que la coordinación regional es clave para enfrentar el problema.

“Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarle seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas”, indicó.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también participó en la apertura del evento y destacó la necesidad de dejar atrás las respuestas aisladas frente al crimen organizado.

Las autoridades acordaron además presentar este compromiso ante la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de sumar a más países a la iniciativa regional.

Con este acuerdo, los países participantes buscan fortalecer la cooperación internacional frente a redes criminales cada vez más complejas y con impacto directo en la economía, la seguridad y la estabilidad institucional de la región.

MÁS DE $US 1.680 MILLONES EN PÉRDIDAS POR BLOQUEOS Y LA INDUSTRIA ALERTA COLAPSO

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MÁS DE $US 1.680 MILLONES EN PÉRDIDAS POR BLOQUEOS Y LA INDUSTRIA ALERTA COLAPSO

La crisis por los bloqueos en Bolivia continúa golpeando duramente a la economía nacional. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió que las pérdidas económicas ya superan los 1.680 millones de dólares tras 28 días de movilizaciones, desabastecimiento y paralización de rutas en diferentes regiones del país.

El presidente de la CNI, Gonzalo Morales, alertó que el sector industrial atraviesa una de las peores crisis de los últimos años y aseguró que muchas fábricas redujeron operaciones, mientras otras están al borde de suspender completamente su producción.

Según los datos del sector, Bolivia pierde alrededor de 60 millones de dólares por día debido a los bloqueos, afectando gravemente la producción, el transporte, las exportaciones y el abastecimiento de alimentos, medicamentos y materias primas.

La Paz y El Alto continúan siendo las regiones más afectadas por el cerco de carreteras impulsado por sectores afiliados a la COB, campesinos y grupos afines a Evo Morales, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El representante de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, José Eduardo Iriarte, afirmó que la industria paceña se encuentra “en terapia intensiva” y advirtió que varias empresas podrían quebrar si los conflictos continúan.

Desde el sector farmacéutico también alertaron sobre una posible escasez de medicamentos esenciales debido a la ruptura de la cadena de abastecimiento. Mientras tanto, productores de alimentos y lácteos reportan millonarias pérdidas por no poder trasladar su mercadería a diferentes mercados del país.

La CNI pidió al Gobierno y a los sectores movilizados restablecer el libre tránsito y garantizar condiciones mínimas para mantener la producción y proteger miles de fuentes laborales.

CÍVICOS DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS PIDEN FRENAR BLOQUEOS Y EXIGEN DETENCIÓN DE EVO MORALES 

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CÍVICOS DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS PIDEN FRENAR BLOQUEOS Y EXIGEN DETENCIÓN DE EVO MORALES Representantes de los comités cívicos de los nueve departamentos del país se reunieron en Santa Cruz y exigieron al Gobierno de Rodrigo Paz asumir medidas inmediatas para frenar los bloqueos y la crisis que afecta al país desde hace 28 días.

En un pronunciamiento conjunto, los dirigentes cívicos solicitaron la aplicación de un estado de excepción sectorizado, además de la ejecución inmediata de la orden de aprehensión contra Evo Morales.

La reunión del denominado Movimiento Cívico Nacional se desarrolló en medio del endurecimiento de las protestas y del incremento de los bloqueos que afectan la circulación de alimentos, combustibles y productos esenciales en diferentes regiones.

Los cívicos señalaron que Bolivia enfrenta un “colapso económico y humanitario” provocado por grupos que, según el documento, buscan desestabilizar la democracia y afectar la economía nacional.

Además, propusieron la creación de una Ley Antibloqueo para tipificar estas acciones como delitos contra la seguridad nacional, así como una Ley de Resarcimiento Económico que obligue a los responsables de los perjuicios a reparar los daños ocasionados.

Uno de los puntos más contundentes del pronunciamiento fue el pedido dirigido a la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno para ejecutar “de manera inmediata” la orden de aprehensión contra Evo Morales.

El documento fue respaldado por representantes cívicos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Beni y Pando.

Los dirigentes también demandaron la implementación de un “Plan de Salvación Nacional” enfocado en garantizar la producción, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del país.

Inicialmente se había anunciado la participación del presidente Rodrigo Paz en el encuentro realizado en Santa Cruz; sin embargo, el mandatario no asistió debido a la crisis que enfrenta La Paz y delegó su representación al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

La autoridad explicó que el presidente permaneció en sede de Gobierno para atender temas relacionados con el conflicto social y aseguró que Paz se comunicó telefónicamente con los representantes cívicos para explicar su ausencia.

Mientras tanto, los bloqueos y protestas continúan generando escasez de combustibles, problemas de abastecimiento y paralización parcial del transporte en varias ciudades del país.

SE RADICALIZAN LAS PROTESTAS Y FRACASA EL DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS SECTORES MOVILIZADOS 

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SE RADICALIZAN LAS PROTESTAS Y FRACASA EL DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS SECTORES MOVILIZADOS La crisis política y social en Bolivia se agravó este viernes luego de que organizaciones campesinas y sectores afines a las protestas anunciaran la radicalización de los bloqueos y rechazaran nuevamente participar en la mesa de diálogo impulsada por el Gobierno y la Iglesia Católica.

Dirigentes de la Federación de Campesinos Túpac Katari y de la organización Mujeres Bartolina Sisa confirmaron que mantendrán y ampliarán el cerco contra el departamento de La Paz exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La decisión surge después de que fracasara la primera reunión de la Comisión de Diálogo instalada en la ciudad de La Paz con mediación de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y autoridades nacionales.

El presidente Rodrigo Paz había advertido el miércoles que era “la última vez” que convocaba públicamente a los dirigentes movilizados a dialogar, tras varios intentos fallidos de negociación.

Sin embargo, los sectores en conflicto rechazaron asistir mientras continúen vigentes las órdenes de aprehensión contra algunos dirigentes, especialmente contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, investigado por presuntos delitos de terrorismo e instigación pública.

El vicepresidente Edmand Lara reconoció que la reunión no logró avances concretos debido a la ausencia de los principales representantes de las protestas.

“Lamentablemente los sectores que están en conflicto no asistieron”, afirmó la autoridad.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Gobierno ofreció garantías verbales para facilitar la participación de los dirigentes, aunque admitió que no puede intervenir en decisiones de la Fiscalía o la Justicia.

Los dirigentes campesinos también exigen la liberación de personas detenidas durante los conflictos y reclaman el esclarecimiento de la muerte de Víctor Cruz, un joven de 23 años fallecido en circunstancias aún no esclarecidas en la comunidad de Vilaque.

La senadora Claudia Mallón informó que uno de los pocos avances fue plantear una convocatoria al fiscal departamental de La Paz para analizar posibles mecanismos legales relacionados con las órdenes de aprehensión.

Mientras tanto, el país continúa bajo fuerte tensión social. En La Paz persiste la escasez de combustibles, el transporte público permanece paralizado parcialmente y la población enfrenta problemas de abastecimiento y largas filas en distintos servicios.

Las movilizaciones cumplen este viernes 29 días consecutivos y mantienen al país en uno de sus momentos de mayor conflictividad de los últimos años.

PROMULGAN LA LEY 1733 DE ALIVIO TRIBUTARIO Y CONDONAN DEUDAS ANTERIORES A 2018 

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PROMULGAN LA LEY 1733 DE ALIVIO TRIBUTARIO Y CONDONAN DEUDAS ANTERIORES A 2018 La Ley 1733 de Alivio Tributario ya entró en vigencia tras ser promulgada por el presidente Rodrigo Paz y establece la condonación total de deudas tributarias y aduaneras generadas antes de enero de 2018.

La norma elimina multas, intereses, sanciones y obligaciones fiscales incluso en casos que ya cuentan con resoluciones administrativas o judiciales ejecutoriadas, siempre que no exista remate de bienes concretado.

Además, el beneficio también alcanza a las deudas tributarias correspondientes a la gestión 2020, sin importar el monto adeudado.

Sin embargo, quedan excluidos los contribuyentes cuyo tributo omitido acumulado al 31 de diciembre de 2017 sea igual o superior a Bs 10 millones.

El viceministro de Política Tributaria, Álvaro Tapia, explicó que la condonación de las deudas acumuladas hasta 2017 y las correspondientes a 2020 será automática y no requerirá ningún trámite por parte de los contribuyentes.

La nueva normativa también habilita un proceso de regularización para deudas generadas entre 2018 y 2025. Los contribuyentes tendrán un plazo de 120 días calendario para acogerse al pago al contado o mediante planes de cuotas.

En caso de pago inmediato, deberán cancelar únicamente el tributo actualizado y el 50% del mantenimiento de valor, mientras que las multas e intereses serán eliminados.

La modalidad de cuotas permitirá regularizar las obligaciones tributarias hasta en 36 pagos mensuales, manteniendo la actualización del tributo, pero condonando sanciones e intereses.

La ley también elimina multas por contravenciones tributarias cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025 y establece modificaciones al Código Tributario Boliviano.

Entre los cambios más importantes, se fija en cuatro años el plazo general de prescripción para que la Administración Tributaria pueda fiscalizar, imponer sanciones y ejecutar cobros.

Además, la normativa redefine la base imponible del IVA y determina que el cálculo deberá realizarse sobre el precio real del bien o servicio antes de impuestos.

El presidente Rodrigo Paz destacó que la medida beneficiará a más de 100.000 pequeños empresarios, gremiales, transportistas, artesanos y trabajadores por cuenta propia en todo el país.

“Estamos cumpliendo con el compromiso del perdonazo”, afirmó el mandatario mediante un mensaje difundido en plataformas digitales.

AUMENTAN LOS BLOQUEOS EN EL PAÍS Y YA SUMAN 76 PUNTOS EN SEIS DEPARTAMENTOS 

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AUMENTAN LOS BLOQUEOS EN EL PAÍS Y YA SUMAN 76 PUNTOS EN SEIS DEPARTAMENTOS 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este viernes un incremento de los puntos de bloqueo en el país. Hasta las 07:47 se registraban 76 cortes de ruta en seis departamentos, diez más que los reportados durante la jornada anterior.

La Paz continúa siendo el departamento más afectado con 21 puntos de bloqueo instalados en diferentes carreteras y rutas estratégicas. Le siguen Cochabamba con 16 puntos, Potosí con 15, Oruro con 13, Chuquisaca con nueve y Santa Cruz con dos.

Las movilizaciones cumplen este viernes 29 días y son impulsadas por sectores sociales y sindicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El conflicto comenzó a inicios de mayo con protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), inicialmente enfocadas en demandas económicas y laborales. Posteriormente se sumaron organizaciones campesinas, entre ellas la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, además de otros sectores sociales.

En medio de la crisis, la Vicepresidencia, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo impulsaron una nueva reunión de diálogo en la ciudad de La Paz, realizada en el seminario San Jerónimo.

Sin embargo, los principales sectores movilizados, como la COB y la federación campesina, no participaron del encuentro y condicionaron cualquier acercamiento a la anulación de las órdenes de aprehensión emitidas contra algunos dirigentes.

La situación se agravó luego de que la Justicia rechazara dejar sin efecto el mandamiento de apremio contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

Los bloqueos continúan afectando el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y transporte en diferentes regiones del país, especialmente en La Paz, El Alto y Cochabamba.

La población también enfrenta largas filas en surtidores, reducción del transporte público y problemas de circulación en varias carreteras nacionales.