En medio de las discusiones internas sobre la continuidad de las medidas de presión que se mantienen desde hace más de seis semanas, la Confederación de Jubilados de Bolivia planteó a la Central Obrera Boliviana (COB) la necesidad de establecer una tregua social que permita abrir espacios de diálogo y buscar una salida negociada al conflicto.

El pedido fue expresado por Rodolfo Ayala, representante de la Confederación de Jubilados ante la COB, quien manifestó su preocupación por las consecuencias que los bloqueos están generando en la población y en la economía nacional.

“Pedirles con todo respeto: ya no hagamos sufrir más a la gente”, afirmó Ayala durante una entrevista concedida a radio Panamericana.

El dirigente explicó que su sector propuso suspender temporalmente las medidas de presión para facilitar conversaciones entre las organizaciones movilizadas y el Gobierno. Según señaló, la intención es generar condiciones que permitan resolver las demandas pendientes sin continuar afectando a distintos sectores de la población.

“Como Confederación hemos solicitado una pausa, una tregua social para que solucionemos todos estos problemas de los bloqueos que están en diferentes lugares”, sostuvo el representante de los jubilados.

Ayala reconoció que dentro de la COB persisten posiciones divergentes respecto al futuro de las movilizaciones. Indicó que algunas organizaciones respaldan la continuidad de las protestas, mientras que otras consideran necesario abrir una etapa de negociación. Sin embargo, evitó identificar a los sectores que mantienen una postura más radical para no interferir en las conversaciones internas que se desarrollan al interior de la organización sindical.

Asimismo, informó que la COB intentó debatir el tema durante un ampliado convocado en instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. No obstante, la reunión se vio afectada por tensiones internas y por la ausencia de delegados de algunas centrales obreras departamentales que no lograron llegar a La Paz debido a los bloqueos.

Posteriormente se convocó a una reunión de emergencia con el propósito de alcanzar una definición, aunque hasta el momento no se logró una resolución definitiva sobre el curso de las movilizaciones.

El representante de los jubilados señaló que existen factores políticos que dificultan una solución inmediata y reiteró que su organización no comparte una estrategia basada en la confrontación permanente. En ese sentido, afirmó que la prioridad debe ser instalar una mesa de diálogo que permita abordar no solo las demandas salariales, sino también temas económicos, sociales y de seguridad.

“La intención de nosotros no es que la economía de nuestro país, que está toda deteriorada, se siga manteniendo en esta situación”, manifestó Ayala.

El dirigente aseguró que las organizaciones de jubilados realizaron consultas a sus bases en todo el territorio nacional y que la mayoría coincidió en la necesidad de impulsar una tregua y apostar por la negociación como mecanismo para superar la crisis.

Asimismo, indicó que varios sectores afiliados a la COB y algunas centrales obreras departamentales ya expresaron su disposición a participar en un proceso de diálogo, aunque todavía existen organizaciones que defienden la continuidad de los bloqueos.

“Vamos a seguir pidiendo con todo respeto a estas organizaciones deponer esa actitud que se está yendo en contra, más que todo, de los ciudadanos”, afirmó.

Ayala también consideró que el Gobierno tiene una cuota de responsabilidad en la prolongación del conflicto. Según señaló, la situación pudo haberse evitado si las autoridades hubieran atendido oportunamente las solicitudes de reunión presentadas desde principios de año por la Confederación de Jubilados y la propia COB.

Entre las demandas que el sector espera abordar en una eventual negociación, mencionó la necesidad de avanzar en la conformación del directorio nacional de la Gestora Pública y fortalecer los mecanismos de control social sobre esa entidad.

“Tenemos los proyectos, los pliegos ya bien elaborados técnicamente. Vamos a entrar a discutir”, aseguró el dirigente.

Finalmente, Ayala insistió en que cualquier proceso de negociación debe contar con garantías institucionales que permitan cumplir los acuerdos alcanzados. Reiteró que el objetivo de los jubilados es contribuir a una salida pacífica a la crisis y evitar que las consecuencias del conflicto sigan afectando a trabajadores, transportistas, productores y a la ciudadanía en general.

“Nosotros vamos a seguir con ese mismo lenguaje de solución y pacificación para mi país”, concluyó.

La crisis provocada por los bloqueos de carreteras continúa dejando consecuencias humanas. Según reportes recopilados por instituciones públicas, organismos defensores de derechos y registros policiales, el número de víctimas fatales relacionadas con las restricciones de circulación asciende a 14 personas cuando se cumplen 46 días de conflicto y más de 40 jornadas de interrupciones en distintas rutas del país.

Los casos registrados corresponden a pacientes que no pudieron acceder oportunamente a servicios médicos, conductores que permanecieron varados durante semanas y ciudadanos que intentaron desplazarse por rutas alternativas para evitar los puntos de bloqueo. Los decesos se produjeron en diferentes departamentos y, de acuerdo con los informes oficiales, comparten un mismo factor: las dificultades de movilidad ocasionadas por el cierre de carreteras.

Entre los primeros casos reportados figura el de Anna Enns, una turista procedente de Belice que falleció el 13 de mayo en la localidad fronteriza de Desaguadero tras sufrir una descompensación médica mientras retornaba a Perú. Según los reportes, no logró recibir atención especializada debido a las restricciones en las vías de circulación.

Un día después se registraron dos nuevas muertes. Jhelly Villanueva Medina, de 40 años y paciente renal, perdió la vida mientras era trasladada desde Guanay hasta la ciudad de La Paz. Aunque la ambulancia recurrió a rutas alternas para evitar los bloqueos, el traslado no pudo concretarse a tiempo. En la misma fecha también falleció un joven de 20 años en El Alto, luego de sufrir convulsiones en su domicilio sin poder ser trasladado oportunamente a un centro médico.

El 21 de mayo se reportó el fallecimiento de un niño de 12 años que era transportado en una ambulancia entre Llallagua y Potosí. El menor sufrió un shock séptico y murió antes de llegar a una unidad de terapia intensiva debido a la demora provocada por las interrupciones en la ruta.

La situación se agravó durante los primeros días de junio. El 1 de ese mes murió en Oruro una joven de 24 años que padecía cáncer y esperaba recibir tratamiento de radioterapia en La Paz. Su traslado había sido programado semanas antes, pero no pudo concretarse debido al cierre de caminos.

Ese mismo día se produjo un accidente en una ruta alterna del municipio de Irupana. El camión en el que viajaban Rosmery R., Justina A. y Lucy T. se precipitó a un barranco mientras transportaba productos agrícolas por un camino utilizado para evitar los bloqueos. Las tres mujeres perdieron la vida.

El 2 de junio también se reportó el fallecimiento de un conductor de transporte pesado que permaneció más de 25 días varado en una carretera del departamento de La Paz. Según los informes, el chofer decidió permanecer junto a su vehículo por temor a robos. En la misma fecha murió Miriam, una niña de 12 años diagnosticada con cáncer, quien no pudo asistir a sus sesiones de quimioterapia programadas en la ciudad de La Paz debido a las restricciones de transporte.

Al día siguiente, un profesor rural falleció en el municipio cochabambino de Tapacarí tras sufrir una descompensación mientras caminaba hacia su unidad educativa ante la falta de transporte. También se reportó la muerte de una mujer de 47 años que era trasladada al Hospital Holandés. La ambulancia en la que viajaba permaneció retenida aproximadamente una hora en un punto de bloqueo instalado en Senkata, en la ciudad de El Alto.

El 7 de junio falleció José Ruiz Díaz, de 54 años, paciente oncológico que permanecía en Sucre sin poder retornar a Monteagudo debido a las interrupciones en las carreteras de Chuquisaca. De acuerdo con sus familiares, el hombre atravesaba una etapa terminal de su enfermedad y deseaba pasar sus últimos días junto a su familia.

El caso más reciente se registró este 15 de junio. José Alberto Quintanilla Torrico, conductor de transporte interdepartamental, murió mientras intentaba liberar su vehículo, que había quedado atascado en un sector arenoso de una ruta alterna entre Potosí y Oruro. Durante la maniobra fue aplastado por el motorizado y posteriormente falleció a causa de hipotermia.

Los reportes fueron difundidos por la Agencia Boliviana de Información (ABI) y reúnen datos provenientes de distintas instituciones y organismos que realizan seguimiento a los efectos de los bloqueos en el país. Mientras persiste el conflicto, diversos sectores han expresado preocupación por el impacto que las restricciones de circulación continúan generando en el acceso a la salud, el transporte y el abastecimiento de productos esenciales.

En medio de la sexta semana de bloqueos que afectan distintas carreteras del país, el expresidente Evo Morales afirmó este lunes que las personas que permanecen en los puntos de protesta continúan firmes pese a las bajas temperaturas y reiteró su respaldo a las medidas de presión que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Durante su participación en un ampliado de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, el también líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se refirió a los sectores movilizados que permanecen en las carreteras en pleno periodo invernal.

“Resisten todavía pese al frío”, manifestó Evo Morales, expresidente del Estado y dirigente cocalero, al destacar la permanencia de los manifestantes en los puntos de bloqueo.

Morales sostuvo además que las organizaciones mantienen capacidad de movilización y coordinación. Según indicó, los sectores afines continúan organizados y pueden convocarse cuando la situación lo requiere.

“Estamos organizados, y cuando es necesario, nos convocamos a grandes concentraciones”, señaló el exmandatario durante su intervención en el encuentro realizado en Chimoré.

Las declaraciones se producen luego de que el pasado fin de semana las organizaciones cocaleras determinaran reforzar los puntos de bloqueo. La decisión, según sus dirigentes, busca evitar el desgaste de las personas que participan de las medidas de presión instaladas en diferentes regiones del país.

El líder cocalero también volvió a respaldar la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Argumentó que el Gobierno no ha logrado resolver los principales problemas que enfrenta el país y cuestionó la situación económica de la administración nacional.

La posición de Morales se da mientras algunos sectores sindicales analizan el futuro de las movilizaciones. El domingo, durante su programa radial, reconoció que existen centrales obreras departamentales que no participan de los bloqueos y afirmó que, por esa razón, dichas organizaciones no pueden determinar el levantamiento de las medidas de presión.

En ese contexto, la Central Obrera Boliviana (COB) tenía previsto realizar un ampliado nacional para evaluar la situación del conflicto; sin embargo, la reunión fue postergada en dos oportunidades y aún no se confirmó una nueva fecha para su realización.

Este lunes se cumplieron 46 días de bloqueos en las carreteras del país. Las restricciones al tránsito han generado dificultades en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, además de afectar el transporte y diversas actividades productivas. También se reportaron casos de personas fallecidas vinculados a la crisis, entre ellos pacientes que no lograron recibir atención médica oportuna, conductores que permanecían varados en las rutas y víctimas de accidentes ocurridos en caminos alternativos.

Mientras persiste el conflicto, distintos sectores continúan debatiendo posibles salidas a una situación que mantiene interrumpida la circulación en varias regiones del territorio nacional.

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) comenzó este lunes la venta de pollo a Bs 18 por kilogramo en las ciudades de La Paz y El Alto, en medio de los esfuerzos para garantizar el abastecimiento de alimentos en regiones afectadas por los bloqueos de carreteras que persisten desde hace varias semanas.

La reducción del precio representa una disminución significativa respecto a los costos registrados durante los momentos más críticos de la crisis de abastecimiento, cuando el producto llegó a comercializarse a Bs 35 en puntos de venta de Emapa y alcanzó hasta Bs 47 por kilo en algunos mercados tradicionales.

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, informó que la medida fue posible gracias al trabajo coordinado entre distintas instituciones y al apoyo internacional destinado a fortalecer el traslado aéreo de alimentos hacia las ciudades afectadas.

“Tenemos pollo que se está vendiendo a partir de hoy a 18 bolivianos el kilo. Este ha sido un trabajo en conjunto y estamos muy agradecidos con quienes nos apoyan para garantizar que este alimento llegue a las familias bolivianas”, afirmó Gustavo Serrano, viceministro de Comercio y Logística Interna.

El abastecimiento del producto se realiza mediante un puente aéreo que fue reforzado con la colaboración de los gobiernos de Argentina y Chile, que facilitaron aeronaves para el transporte de carga. Asimismo, Estados Unidos contribuye con el suministro de combustible para las operaciones aéreas.

De acuerdo con información oficial, los vuelos continuarán de manera permanente durante toda la semana con el objetivo de mantener un flujo constante de alimentos hacia las ciudades que enfrentan dificultades de abastecimiento debido a las restricciones en las rutas terrestres.

A pesar de la disminución del precio y el incremento de la oferta, las autoridades mantendrán la política de venta de una unidad de pollo por persona para evitar la reventa y garantizar que el producto llegue a un mayor número de familias.

Como parte de las medidas adoptadas para mejorar la distribución, Emapa amplió también los horarios de atención en sus agencias. Los centros de venta ubicados en Correos y Miraflores atenderán de lunes a domingo, desde las 07:30 hasta las 22:00.

Además, la empresa estatal desplegó unidades móviles en distintos sectores de La Paz y El Alto para acercar los productos de primera necesidad a la población. Para esta jornada se confirmó la atención en la zona de Cota Cota, a la altura de la calle 33, y en varios distritos alteños.

Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar el acceso de la población a alimentos esenciales mientras continúan las dificultades de transporte ocasionadas por los bloqueos en diferentes regiones del país.