El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, lanzó duras críticas contra la política antidrogas impulsada por el Gobierno y aseguró que las recientes investigaciones vinculadas al narcotráfico evidencian fallas en los mecanismos de control y fiscalización. La autoridad sostuvo que las estrategias implementadas en los últimos meses no han logrado contener el avance de las redes criminales y pidió esclarecer las responsabilidades en los casos que actualmente son investigados.
Durante una declaración pública, Lara señaló que el retorno de organismos internacionales de cooperación y la aplicación de programas de seguridad fueron presentados como herramientas clave para combatir el narcotráfico; sin embargo, afirmó que los resultados observados hasta ahora generan cuestionamientos.
“Nos vendieron que el retorno de la DEA y Escudo de las Américas serían la solución, pero los hechos generan todo lo contrario”, manifestó Edmand Lara, vicepresidente del Estado, al referirse a los recientes casos vinculados al tráfico internacional de drogas.
La autoridad recordó que más de 108 toneladas de sustancias ilícitas habrían logrado evadir los sistemas de control estatales, situación que, según dijo, obliga a revisar la efectividad de las políticas de interdicción aplicadas en el país.
Lara afirmó que uno de los hechos que más preocupa es el denominado caso de las “narcomaderas”, que involucra el presunto envío de cargamentos de droga ocultos en exportaciones de madera destinadas al mercado internacional.
Según explicó, las investigaciones apuntan a que 49 cargamentos de droga de alta pureza habrían atravesado distintos controles sin ser detectados por instituciones encargadas de la fiscalización, entre ellas la Aduana Nacional, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
De acuerdo con Lara, fue un trabajo de inteligencia desarrollado por autoridades chilenas el que permitió descubrir una operación ilícita cuyo valor económico superaría los 8.300 millones de dólares.
El vicepresidente también cuestionó la existencia de posibles relaciones personales entre funcionarios públicos y personas vinculadas a empresas involucradas en actividades de comercio exterior.
“Áreas estratégicas del comercio exterior y del control estatal están relacionadas con personas cercanas al poder”, afirmó Edmand Lara, al referirse a presuntos nexos familiares y personales que, según indicó, deberían ser investigados por las instancias correspondientes.
La autoridad sostuvo que estos aspectos generan dudas sobre la transparencia de algunos procesos vinculados al control de exportaciones y la supervisión de operaciones comerciales.
Durante su intervención, Lara aseguró que las investigaciones no se limitan al caso de las exportaciones de madera y reveló que existen otras pesquisas relacionadas con el presunto intento de envío de droga hacia Estados Unidos utilizando instalaciones aeroportuarias nacionales.
Según indicó, una de las empresas exportadoras observadas en estas investigaciones ya había sido mencionada en las indagaciones vinculadas al caso de las “narcomaderas”.
“¿Cómo una empresa bajo sospecha internacional continúa operando en instalaciones estatales?”, cuestionó el vicepresidente al referirse a la continuidad de operaciones de firmas bajo observación.
Lara también observó que la política gubernamental frente al narcotráfico se ha concentrado principalmente en destacar la cooperación internacional y los acuerdos de seguridad suscritos con otros países.
“El Ministerio de Gobierno nos ha vendido la idea de que la adhesión al programa Escudo de las Américas y el retorno de la DEA serían una solución”, señaló Edmand Lara, quien pidió evaluar si estas medidas han contribuido efectivamente a debilitar a las organizaciones criminales.
Finalmente, la autoridad afirmó que la ciudadanía espera respuestas claras sobre estos casos y consideró necesario transparentar las investigaciones para fortalecer la confianza pública en las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico.
“Mientras millones de bolivianos trabajan dentro de la ley para sacar adelante al país, crecen las dudas sobre una posible protección desde las más altas esferas del poder”, concluyó Lara.
Las declaraciones del vicepresidente se producen en medio de un creciente debate sobre la efectividad de las políticas de lucha contra el narcotráfico y mientras continúan las investigaciones relacionadas con presuntos envíos de droga detectados tanto dentro como fuera del país.
